Bruselas (EuroEFE).- El Gobierno pedirá «en los próximos días» el siguiente pago del fondo europeo de recuperación y no renuncia a conseguir los aproximadamente 1.100 millones vinculados a la reforma del diésel y para reducir la temporalidad del sector público, aunque ya hayan pasado los seis meses de plazo desde su suspensión.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, detalló este martes que España solicitará a la Comisión Europea el sexto desembolso «esta misma semana o principios de la que viene», aunque no detalló la cifra que incluirá la petición.
España ha recibido por ahora 55.000 millones de los 79.800 millones disponibles en ayudas a fondo perdido y 16.300 millones de los 22.800 millones que tiene a su disposición en forma de créditos, tras haber renunciado a unos 60.000 millones en la última revisión del plan.
«En los próximos días haremos la solicitud del sexto desembolso para seguir avanzando con el cumplimiento de los hitos y objetivos asociados y podamos seguir recibiendo esos fondos europeos», dijo en declaraciones a los medios antes de participar en Bruselas en la reunión de ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin).
Cuenta atrás para que expire el fondo de recuperación
Con respecto a los casi 1.100 millones de euros que Bruselas mantiene suspendidos desde julio del pasado año por no haber aprobado la reforma del diésel y no haber conseguido reducir la tasa de temporalidad entre los funcionarios públicos, el ministro afirmó que seguirá trabajando «hasta el último minuto» para no perder esos fondos definitivamente.
«Tenemos margen en cuanto a los plazos que da el propio reglamento del plan (de recuperación). Seguiremos trabajando, no se ha terminado todavía el plazo de alegaciones y la posibilidad de avanzar en el cumplimiento. Vamos a seguir trabajando hasta el último minuto para ser capaces de utilizar al máximo los fondos europeos», aseguró.
España, en concreto, tiene suspendidos 475 millones de euros por no haber sacado adelante la subida del impuesto a diésel, que formaba parte del quinto desembolso, y otros 626 millones por incumplir el compromiso de reducir la temporalidad entre los funcionarios del sector público.
Estos dos montantes fueron congelados en julio del año pasado y el reglamento da seis meses a los países para subsanar dichas deficiencias. Una vez superado este plazo, se abre un periodo de dos meses para el intercambio de alegaciones.
Los países de la UE tienen hasta agosto de este año para cursar sus solicitudes de pago a la Comisión Europea para que la institución pueda aprobar y desembolsar los últimos tramos de ayudas antes de que expire el fondo de recuperación en diciembre de 2026.
