Bruselas (EuroEFE).- El Tribunal de Apelación de Bruselas ha determinado que la fase de instrucción del caso de los presuntos sobornos de Catar y Marruecos en el Parlamento Europeo en 2022, conocido como Catargate, se ha llevado a cabo de manera imparcial y siguiendo la ley, después de que los principales acusados pidieran su sobreseimiento por supuestas irregularidades.
En un comunicado remitido este viernes, la Fiscalía Federal de Bruselas confirmó que este tribunal belga declaró el pasado miércoles la legalidad del procedimiento y desestimó «todas las solicitudes presentadas por la defensa, en particular las que solicitan la inadmisibilidad de la acusación y la exclusión de determinados actos de investigación».
Los argumentos de la defensa para que se desestimasen los cargos contra sus clientes se centraban en una supuesta parcialidad del juez inicialmente asignado al caso, cuyo hijo tenía una empresa con el hijo de una de las implicadas y acabó recusándose.
Los abogados de la exvicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kailí y su pareja Francesco Giorgi también apuntaban a una presunta «fabricación» de las circunstancias que permitieron que Kailí fuese sorprendida en flagrante delito y cuestionaban la legalidad de usar pruebas obtenidas por la inteligencia belga en lugar de la recopilada por la policía, algo que una comisión independiente ya validó a principios de este año.
Además, los letrados advertían de la falta de credibilidad del cabecilla de la trama, el exeurodiputado Pier Antonio Panzeri, quien llegó a un acuerdo con la Fiscalía belga para colaborar en la investigación a cambio de una pena reducida.
En un comunicado, la Fiscalía explica que este tribunal ha decidido sobre «un número significativo» de los puntos que cuestionaba la defensa y ha determinado, por ejemplo, que las pruebas recopiladas por la inteligencia belga son válidas y que se consideró correctamente que Kailí no disponía de inmunidad parlamentaria cuando fue detenida.
También confirma que los elementos que ponían en cuestión la imparcialidad del primer juez asignado al caso «no revelaron ningún sesgo objetivo o subjetivo» y descarta que se haya probado que se infringiera la confidencialidad del caso o la presunción de inocencia de los acusados, entre otras cuestiones.
Sin avances en el caso
Kailí, Giorgi y Panzeri, así como otros dos antiguos eurodiputados -Andrea Cozzolino y Marc Tarabella-, están imputados por participación en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción, pero el caso no ha registrado avances en los últimos meses a la espera del juicio.
En 2023, el fiscal federal belga, Frédéric Van Leeuw, relataba en una entrevista con la radiotelevisión pública francófona que en sus diez años de experiencia «nunca había visto tanta presión» en un caso, con filtraciones a la prensa, jueces extranjeros que les contactan o ataques al anterior magistrado instructor.
