París (EuroEFE).- España es uno de los países europeos con condiciones laborales «muy malas y precarias» para los periodistas, junto a Croacia, Grecia, Hungría, Malta y Rumanía, indicó este martes la Plataforma del Consejo de Europa para reforzar la protección del periodismo y la seguridad de los profesionales.
En su informe anual, esa Plataforma del Consejo de Europa -una organización que no forma parte de la Unión Europea y que vela por los derechos humanos en el continente- recoge las conclusiones del Monitor del Pluralismo en los Medios de Comunicación sobre esas condiciones.
Únicamente dos de los 34 países analizados ofrecen buenas condiciones de trabajo a los periodistas: se trata de Dinamarca y Alemania, mientras que en otros cinco (Bélgica, Estonia, Finlandia, Países Bajos y Suecia), los riesgos para la seguridad de los reporteros son limitados.
«Las condiciones laborales de los periodistas son deplorables en la mayor parte de los Estados de la UE, con salarios bajos y regímenes de Seguridad Social débiles o inexistentes», concluye el Monitor del Pluralismo.
Aunque España aparece en el furgón de cola en lo que respecta a las condiciones contractuales, eso contrasta con la situación de riesgo en el ejercicio de la profesión, que está lejos de ser de las más preocupantes.
En 2025, la Plataforma del Consejo de Europa lanzó seis alertas de amenazas graves para la libertad de los medios, una menos que en 2024, cuando para el conjunto de los 48 países supervisados fueron 344, con un incremento «significativo» del 29 % respecto al año anterior.
La guerra en Ucrania, de nuevo el principal riesgo
Esas alertas se concentraron sobre todo en Rusia (50), Turquía (49), Georgia (35), Serbia (35) y Ucrania (27) y tuvieron que ver principalmente con la invasión rusa de Ucrania y con los territorios que Moscú controla.
Los autores del informe hicieron hincapié en que, un año más, la guerra de Rusia contra Ucrania fue «la mayor fuente de peligro para los periodistas» en Europa en 2025.
Del total de las alertas, 90 tuvieron que ver con los ataques contra la seguridad y la integridad física de los periodistas, lo que incluye los asesinatos por drones rusos de los ucranianos Olena Hramova, Yevhen Karmazin y Tetyana Kulyk y del fotoperiodista francés Antoni Lallican, así como la muerte del turco Hakan Tosun tras una agresión brutal.
A esas muertes hay que añadir la utilización por unos pocos países de la privación de libertad como instrumento para controlar a los medios, subraya el Consejo de Europa, y añade que el 31 de diciembre pasado había 148 periodistas detenidos en Europa, de los cuales 36 en Azerbaiyán, 32 en Rusia, 27 en Bielorrusia, 26 en territorios ucranianos controlados por Rusia, 24 en Turquía, dos en Armenia y uno en Georgia.
También otras prácticas como las intimidaciones, las tentativas de apropiación de medios o la represión transnacional, con agresiones físicas contra periodistas en manifestaciones por parte de la policía, de políticos o de los propios manifestantes, que fueron particularmente violentas en Georgia, Serbia y Turquía.
Avances con la ley española
Todos esos elementos se vieron en parte atenuados por iniciativas de varios Estados o a escala europea para mejorar el ejercicio de la libertad de prensa, entre las que cita la aprobación por el Gobierno español de un proyecto de ley orgánica dirigido a sus profesionales y para proteger sus fuentes.
La Plataforma del Consejo de Europa pone el acento en que en ese proyecto de ley por primera vez se ofrece «una protección jurídica completa del secreto profesional de los periodistas, consagra de forma explícita su derecho a no revelar sus fuentes ni a entregar documentos no publicados.
Y además prohíbe la instalación de dispositivos de espionaje en los dispositivos de los periodistas, si no está amparada y justificada por un juez con carácter excepcional.
A ese respecto, la Plataforma del Consejo de Europa señala que la Audiencia Nacional en febrero de 2025 reabrió el procedimiento sobre la utilización del programa espía Pegasus contra periodistas y responsables políticos para solicitar cooperación a la justicia de Francia e Israel.
