Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea permitirá a los países cubrir con ayudas públicas una mayor parte de la factura energética de los sectores más expuestos al impacto de la guerra en Oriente Medio, en particular la industria electrointensiva, el transporte ferroviario y por carretera, la agricultura y la pesca o el transporte marítimo de corto recorrido.
Este nuevo esquema, sin embargo, no recoge nuevas posibilidades para el sector de la aviación porque considera que la legislación comunitaria ya permite medidas «suficientes» para prestar apoyo a las compañías aéreas en el escenario actual.
Bruselas adoptó este miércoles un nuevo marco temporal de ayudas de Estado que estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año y que busca aliviar las consecuencias del conflicto en los sectores más expuestos al encarecimiento de los combustibles y los fertilizantes por el cierre del Estrecho de Ormuz.
Hasta el 70 % de los costes adicionales
«La transición energética sigue siendo la estrategia más efectiva para la autonomía, el crecimiento y la resiliencia de Europa. Sin embargo, los repuntes recientes en los precios de la energía requieren una respuesta inmediata«, explicó la vicepresidenta para una Transición Limpia y comisaria de Competencia, Teresa Ribera.
En el caso de la agricultura, la pesca, el transporte por carretera y tren y el transporte marítimo de corto recorrido dentro de la UE, los Estados miembros podrán compensar hasta el 70 % de los costes adicionales que deban pagar las empresas debido al incremento en el precio de combustibles o fertilizantes.
Este aumento será calculado por cada país en función de la diferencia entre el precio actual en cada mercado concreto y una referencia histórica aplicable a cada uno, mientras que los costes adicionales vendrán determinados por el consumo actual o el anterior a la crisis de cada compañía beneficiaria.
El marco ofrece a estos sectores una opción simplificada para facilitar su acceso al apoyo público. A través de este sistema, las compañías recibirán ayudas de hasta 50.000 euros que los Estados miembros calibrarán usando datos como el tamaño de la empresas, su sector de actividad o el consumo estimado de combustibles en dicho sector, en lugar de exigirles «pruebas detalladas» del mismo.
Industria electrointensiva
Con respecto a la industria electrointensiva, el marco eleva del 50 % al 70 % la proporción del coste subvencionable en electricidad que los gobiernos podrán cubrir con ayudas públicas, siempre que no supere el 50 % del consumo total de cada empresa.
Este incremento en la intensidad de las ayudas, que beneficia por ejemplo a la construcción, acero y aluminio o la industria química, se podrá conceder sin exigir a las empresas beneficiarias esfuerzos adicionales en sus planes de descarbonización.
En todo caso, los Estados miembros que quieran desplegar ayudas estatales en línea con este marco temporal, bautizado con las siglas MATSAF, tendrán que notificar sus medidas al Ejecutivo comunitario para su posterior aprobación.
Más allá de las posibilidades que ofrece este marco, la Comisión aseguró que está «preparada» para evaluar «caso por caso y sujeto a varios requisitos» otras propuestas «temporales» que los países planteen y que pasen por subvencionar los mayores costes de la generación de electricidad derivados del encarecimiento del gas.
Aviación
El esquema excluye expresamente el sector de la aviación -a pesar de que afronta unos mayores precios del queroseno- porque la Comisión Europea considera que la legislación comunitaria ya permite medidas «suficientes» para ayudar a este sector.
En concreto, los Estados miembros ya tienen la posibilidad de «establecer servicios públicos de emergencia» cuando rutas áreas «vitales» se vean «comprometidas», con el objetivo de mantener el tránsito a través de ellas, según explica el documento del Ejecutivo comunitario.
Sin necesidad de notificar a Bruselas, los países pueden compensar a las compañías aéreas que operan rutas cuyo tráfico medio anual en los dos últimos años no supere los 300.000 pasajeros. También pueden desplegar ayudas para sufragar el aumento del precio de los billetes para personas que dependen de dichas rutas, entre las que cita a residentes en «regiones remotas».
