Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea dijo este miércoles que está revisando la información publicada el martes por el Tribunal de Cuentas sobre el uso de 2.389,4 millones de euros en fondos de recuperación europeos «sobrantes» para el pago de pensiones en 2024 por parte de España, aunque considera que, en principio, estas operaciones no afectan a la implementación del fondo.
«Estamos revisando la información y estamos en contacto con las autoridades españolas», indicó a EFE un portavoz del Ejecutivo comunitario.
Este recordó que los Estados miembros pueden tener que adelantar dinero para financiar algunas inversiones de sus planes de recuperación antes de recibir los fondos europeos y, «de manera similar, un Estado miembro puede también utilizar la liquidez de los pagos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para cubrir otros gastos».
«En principio, estas operaciones ordinarias de gestión de tesorería por parte de los Estados miembro no afectan a los intereses financieros de la Unión ni tienen consecuencias para la implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», añadió.
Más allá de esta situación concreta y con carácter «general», el portavoz comunitario recordó que la Comisión Europea lleva a cabo verificaciones de los sistemas nacionales de control y puede intervenir en casos de fraude, corrupción o conflictos de interés si el Estado miembro no corrige la situación.
Fundamentos jurídicos
El Tribunal de Cuentas aprobó ayer la declaración de la Cuenta General del Estado de 2024 con una opinión favorable, aunque detectó incidencias como la utilización de fondos europeos «sobrantes» para atender el pago de pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos por importe de 2.389,4 millones de euros.
Ese dinero se usó al considerar que no se comprometía el cumplimiento del plan de recuperación ni la capacidad de absorción de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, si bien el Tribunal considera que la actuación se ha llevado a cabo bajo unos fundamentos jurídicos que tendrían que haber quedado mejor justificados, de acuerdo con el comunicado difundido el martes.
El organismo señaló que «existe una incertidumbre sobre la aplicabilidad en 2024 de limitaciones al uso de los créditos sobrantes en el servicio 50 (en el que se encuadran los fondos del Mecanismo), para financiar modificaciones presupuestarias fuera de dicho servicio».
El Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, aprobado en 2021, establece que ese instrumento «no debe sustituir, salvo en casos debidamente justificados, a los gastos nacionales ordinarios».
El Ejecutivo español no está preocupado
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha negado este mismo miércoles que haya preocupación en el Ejecutivo español tras el informe del Tribunal de Cuentas, y ha recordado que esta instancia ha aprobado los números que presentó el Gobierno, en una comparecencia ante los medios en Sevilla.
Tanto el PP como Vox en la Eurocámara han enviado sendas preguntas parlamentarias al Ejecutivo comunitario sobre si tenía conocimiento de la situación y qué medidas podría tomar si esto se confirma y constituye un incumplimiento de ese Reglamento.
En sus misivas, los eurodiputados populares Isabel Benjumea, Raúl de la Hoz, Fernando Navarrete, Elena Nevado y Estaban González Pons señalan que la normativa «prohíbe expresamente el uso de estos recursos para cubrir gasto corriente de los Estados miembros» y subrayan que algunos miembros del Tribunal de Cuentas español han emitido un voto particular al respecto, sobre el que también piden su opinión a Bruselas.
Por su parte, Vox ha preguntado a la Comisión Europea si estos hechos, de confirmarse, podrían constituir una irregularidad en el uso de fondos europeos y si esta podría justificar la suspensión, reducción o cancelación de futuros desembolsos.
España tiene asignados 79.854 millones de euros en subvenciones y 22.706 millones de euros del total de 577.000 millones que distribuirá el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia creado a raíz de la crisis de Covid-19.
De esa cuantía, ya ha recibido 55.090 millones en transferencias y 16.270 millones en créditos en cinco pagos a cambio de haber implementado reformas e inversiones comprometidas con Bruselas en su plan de recuperación.
