Madrid (EuroEFE).- La Política Agraria Común (PAC) entra en un escenario incierto con la negociación del próximo presupuesto de la Unión Europea (UE) para 2028-2034 tras haber destinado unos 200.000 millones de euros a España desde su adhesión a la UE en 1986.
Representantes políticos, sociales y expertos han analizado este jueves en la sede del Parlamento Europeo en Madrid los 40 años de España en la UE a través de la PAC, en una jornada organizada por la asociación de entidades sociales Por Otra PAC.
El subdirector general de Planificación de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Jorge Sainz, ha resaltado que la Política Agraria Común «ejemplifica el éxito del proyecto europeo» por su capacidad de adaptarse a los cambios y mantener sus objetivos, incluyendo precios de alimentos adecuados, garantía de renta de agricultores y desarrollo rural.
España ha recibido «más de 200.000 millones de euros en estos 40 años y se han aprovechado bien en un sector que es motor de desarrollo», ha afirmado Sainz.
Ante la próxima reforma, el responsable ha instado a «aunar esfuerzos para tener una PAC fuerte y un presupuesto suficiente que se adapte a la capacidad productiva» del sector primario.
Previamente, el secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Hugo Morán, ha advertido de que se está intentando desviar fondos para «prioridades del momento a costa de deteriorar la capacidad financiera que acompaña la PAC y la gestión de la biodiversidad, que tienen que ir de la mano en la negociación».
Ha defendido la herramienta de los ecorregímenes en la próxima PAC, ya que la agricultura es «uno de los sectores con más potencial para hacer frente a la triple crisis» de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación.
Unión Europea
El subdirector de Sostenibilidad Ambiental de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, Gregorio Dávila, ha defendido que la propuesta comunitaria mantiene objetivos específicos para todos los países e instrumentos comunes.
Frente al rechazo generado, Dávila ha recordado que se introdujo una nueva práctica de 45.000 millones para el sector primario, el 10 % del presupuesto para zonas rurales y la reintegración de muchos artículos al reglamento específico de la PAC.
Por parte del Tribunal de Cuentas europeo, su auditor sénior Ignasi Farrero ha mostrado su esperanza en que el nuevo modelo «no genere desigualdades entre los países» a raíz de la flexibilidad de gestión de los Estados.
Dos eurodiputadas, la popular Esther Herranz y la socialista Cristina Maestre, han rechazado el intento de la Comisión de diluir el poder de la Eurocámara para pactar los presupuestos, recortar los fondos de la PAC y renacionalizar la que fue la «primera gran política europea».
Ambas han llamado a lograr una transición ordenada hacia el nuevo marco financiero a partir de la idea de que «no se puede hacer más política con menos dinero».
La visión de los expertos
La exeurodiputada Clara Aguilera ha asegurado que la agricultura española «le debe mucho a la PAC», al tiempo que se ha mostrado preocupada por la nueva gobernanza y los recortes que se plantean para sus ayudas.
El experto de la Universidad Politécnica de Madrid Tomás García Azcárate ha alertado del peligro de «enfrentar el mundo rural» en el reparto de los fondos europeos y ha considerado la propuesta de la Comisión como un «ataque frontal a los productores de frutas y hortalizas» ante la dificultad de financiar iniciativas transnacionales.
Demandas sociales
Por Otra PAC ha presentado sus 15 principales demandas para las negociaciones de la futura política agraria, entre ellas no disminuir su presupuesto y asegurar unos objetivos comunes, reorientar las subvenciones a quienes más lo necesitan, limitar las ayudas a grandes perceptores y eliminar los pagos basados en derecho históricos.
También ha destacado la necesidad de dotar un mejor apoyo a los jóvenes y las mujeres rurales, simplificar la burocracia sin rebajar la ambición social y ambiental, exigir una gobernanza participativa y transparente, y acabar con subsidios «preversos».
La coalición ha llamado destinar al menos la mitad de las ayudas a adaptar las explotaciones a la triple crisis ambiental.
