Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea y sus socios de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos se reunieron este lunes en Bruselas para reforzar la presión política sobre Rusia y exigir el regreso de los más de 20.500 menores que, según el Consejo de la UE, fueron deportados ilegalmente o trasladados por la fuerza desde el inicio de la invasión rusa.
El encuentro, coorganizado por Canadá, Ucrania y la UE, reunió a representantes de 63 delegaciones, entre ellas agencias de las Naciones Unidas y cerca de medio centenar de países, según fuentes del Consejo.
«El regreso de todos y cada uno de los niños ucranianos secuestrados por Rusia debe ser un punto central en cualquier acuerdo de paz. Porque, ¿cómo puede una nación elegir su propio futuro si a sus hijos se les niega el suyo? Su libertad es la libertad de Ucrania. Su futuro es también nuestro futuro», dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un mensaje de vídeo.
Tens of thousands of Ukrainian children taken by Russia remain separated from their country and loved ones.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 11, 2026
We will not rest until every single one of them is reunited with their families.
With €50 million, we're putting concrete support behind our commitment.… pic.twitter.com/gM89ZxqeJB
La práctica, que Rusia niega sistemáticamente, incluye adopciones forzadas, la asimilación forzosa e imposición de la ciudadanía rusa, el adoctrinamiento escolar y la militarización de menores en campamentos, en Rusia o territorio ocupado.
«Es fundamental que compartamos un objetivo común: investigar estos secuestros, devolver a los niños y ayudarlos a reconstruir sus vidas con sus familias. Esto no es algo abstracto. Cada caso es la historia de un niño y una familia reales», dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en otro mensaje grabado.
Bruselas también ha destacado la necesidad de garantizar una reintegración adecuada de los niños, muchos de los cuales regresan traumatizados y con dificultades de reinserción social, así como de depurar responsabilidades por lo que el Consejo de la UE calificó de «graves violaciones del derecho internacional».
De los aproximadamente 2.100 niños retornados hasta la fecha, según las mismas fuentes, solo un centenar lo ha sido gracias a gestiones diplomáticas con países como Catar, Sudáfrica o Estados Unidos; el resto regresó por vías discretas, entre ellas rescates familiares y operaciones de organizaciones no gubernamentales.
Según fuentes comunitarias, se han identificado 210 lugares en Crimea, Rusia, Siberia y Bielorrusia donde a los niños se les somete a procesos de «desucranización».
La UE sanciona 16 personas y 7 entidades
Por otra parte, el Consejo de la Unión Europea añadió este lunes dieciséis personas y siete entidades a la lista de sancionados por deportación ilegal sistemática, traslado forzoso y asimilación forzosa -incluidos el adoctrinamiento y la educación militarizada- de menores ucranianos, así como de su adopción ilegal y traslado a Rusia o al territorio que ocupa de Ucrania.
Desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, se estima que Rusia ha deportado y trasladado por la fuerza a cerca de 20.500 niños ucranianos, indicó en un comunicado el Consejo.
Destacó que estas acciones constituyen «graves incumplimientos del derecho internacional y una violación de los derechos fundamentales del niño«, y tienen por objeto borrar la identidad ucraniana y socavar la preservación de sus futuras generaciones.
Entre las entidades incluidas hoy en la lista figuran instituciones estatales federales vinculadas al Ministerio de Educación de Rusia, como los centros infantiles de ámbito nacional Orlyonok, Scarlet Sails y Smena.
Éstos organismos están acusados de organizan, en coordinación con las autoridades de ocupación, programas para niños ucranianos en los que se les somete a un adoctrinamiento prorruso, entre otras cosas mediante actos patrióticos, educación ideológica y actividades de carácter militar.
Entrenamiento militar
Otras entidades incluidas en la lista acogen a menores ucranianos trasladados desde los territorios ocupados de Ucrania y los exponen a programas alineados con las políticas estatales rusas, incluyendo adoctrinamiento político y actividades coherentes con marcos educativos diseñados para el entrenamiento militar básico.
El centro DOSAAF de Sebastopol, la Escuela Naval Nakhimov y el Club Militar-Patriótico Patriot de Crimea llevan a cabo la reeducación, el adoctrinamiento ideológico y la militarización de menores, fomentando la lealtad a Rusia y socavando la identidad nacional ucraniana, detalló el Consejo.
Las inclusiones de hoy también incluyen a funcionarios y políticos de territorios ocupados ilegalmente por Rusia, así como a diversos responsables de campamentos juveniles, clubes y organizaciones militar-patrióticas.
Las personas agregadas en la lista están sujetas a una congelación de activos, y se prohíbe a los ciudadanos y a las empresas de la UE poner a su disposición fondos, activos financieros o recursos económicos. Están además sujetas a una prohibición de viajar que les impide entrar o transitar por el territorio de la UE.
Más sanciones desde Canadá y Reino Unido
Por su parte, Canadá anunció este lunes sanciones adicionales contra 23 personas y cinco entidades, a su vez que el Reino Unido sancionó a 85 individuos y entidades -29 de ellos vinculados directamente a la deportación de menores- y comprometió 1,2 millones de libras adicionales (casi 1,4 millones de euros) para el mecanismo de verificación y rastreo de niños deportados.
La CPI ya emitió en 2023 una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, por el asunto de los niños deportados.
La coalición internacional, creada en febrero de 2024 por iniciativa de Ucrania y Canadá, cuenta hoy con 47 miembros -tras la incorporación de la UE el pasado septiembre- y prevé nuevas reuniones antes de fin de año centradas en reforzar el papel de la ONU, que el pasado 3 de diciembre adoptó una resolución exigiendo el retorno «inmediato, seguro e incondicional» de los niños ucranianos.
