Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea lanzó este miércoles un ultimátum a España para que cumpla con el objetivo de reciclado de residuos municipales de 2020, que el país sigue sin lograr, en un último aviso antes de elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), según informó la institución en un comunicado.
Además de España, Bruselas ha amenazado por este mismo motivo a Bulgaria, Chequia, Grecia, Croacia, Chipre, Hungría, Malta, Polonia, Portugal y Rumanía. Estos países tienen un expediente abierto desde julio de 2024 pero «persisten» en el incumplimiento de esta exigencia.
Este objetivo viene recogido en la Directiva Marco de Residuos y, en concreto, establece que para 2020 al menos el 50 % de los residuos municipales urbanos (como papel, metal, plástico o cristal) debían ser preparados para su reciclado o reutilización.
En paralelo, el Ejecutivo comunitario ha abierto expediente a otros Estados miembros por incumplir algunas metas recogidas en la Directiva sobre envases y residuos de envases, que establece objetivos generales relativos a residuos municipales (55 %) y reciclado general de envases (65 %), así como metas para materiales particulares como papel y cartón (75 %), vidrio (70 %), aluminio y plástico (50 %) y madera (25 %).
En particular, ha actuado contra Croacia por no alcanzar los objetivos generales, de vidrio y metales; contra Chipre y Portugal por incumplir el de vidrio; contra Grecia, Rumanía y Hungría por no lograr los de envases en general y vidrio, y contra Malta, por el general, el de papel y cartón y el de metales.
Todos estos socios del bloque han incumplido los citados objetivos anuales fijados para 2020, 2021, 2022 y 2023.
Además, Bruselas ha abierto expediente a Alemania y uno nuevo a Grecia y Chipre porque calcula que se quedarán cortos con respecto a los objetivos que deben cumplir a partir de 2025.
«Cumplir estos objetivos es esencial para impulsar el mercado único de materias primas secundarias y reforzar su circularidad. Esto contribuirá a reducir la dependencia de la UE de terceros países y mejorar su competitividad», destacó hoy la Comisión Europea.
Todos los países afectados disponen ahora de un plazo de dos meses para cumplir con las exigencias de la normativa comunitaria.
De lo contrario, Bruselas podría dar un paso más en los procedimientos de infracción, que en última instancia pueden acabar ante la justicia europea si el país no consigue resolver las deficiencias detectadas.
Expediente a España por no revisar periódicamente los permisos de uso de agua
Por otra parte, la Comisión Europea abrió este miércoles un expediente a España por incumplir la directiva comunitaria que exige a los Estados miembros que revisen y actualicen de manera periódica los permisos concedidos para el uso privativo del agua, según informó la institución en un comunicado.
La Directiva sobre políticas del agua obliga a los países a «revisar y actualizar periódicamente estas medidas de control -incluidos los permisos concedidos- para determinar si siguen cumpliendo sus objetivos y, en caso necesario, actualizarlas», recuerda Bruselas.
Pero la legislación española «sólo exige revisiones cuando existen nuevos datos, planes o estrategias pertinentes, nuevos requisitos o cambios por parte del titular del permiso». Además, deja «a discreción de las autoridades» la decisión de llevar a cabo una revisión obligatoria.
Además, Bruselas ha abierto expediente a Malta por «no haber establecido un requisito de registro para la captación de aguas superficiales ni un régimen de autorización previa para controlar la captación de aguas superficiales y subterráneas».
Por otro lado, la legislación maltesa «no garantiza la revisión periódica de los controles sobre la captación de aguas superficiales y subterráneas que tienen un impacto significativo en las masas de agua».
El Ejecutivo comunitario ha enviado, en ambos casos, cartas de emplazamiento que inician un procedimiento de infracción contra los dos países.
Es el primer paso de los expedientes que, en última instancia, podrían acabar en el TJUE si España o Malta no subsanan las deficiencias detectadas.
Las autoridades españolas y maltesas disponen ahora de un plazo de dos meses para responder a la Comisión Europea, que en caso de recibir una respuesta insatisfactoria pasaría a la segunda etapa -el envío de un ultimátum o dictamen motivado- que es el último paso antes de elevar el asunto al tribunal de Luxemburgo.
