Bruselas (EuroEFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE) sancionó este lunes a otras 113 personas y entidades para restringir más la capacidad de Rusia de financiar su guerra de agresión, y a 30 personas y dos entidades más a las que considera responsables de actividades cibernéticas maliciosas y desinformación.
En respuesta a los ataques indiscriminados de Rusia contra Ucrania, en particular contra las infraestructuras civiles, el Consejo ha impuesto hoy medidas restrictivas adicionales a 12 personas y 101 entidades por su papel en aquellos sectores económicos que constituyen una fuente sustancial de ingresos para la guerra de agresión de Rusia y que apoyan su flota clandestina, explicó el Consejo en un comunicado.
The EU has sanctioned 12 individuals and 101 entities in response to Russia's indiscriminate attacks against Ukraine, particularly against civilian infrastructure.
— EU Council (@EUCouncil) November 16, 2026
Those sanctioned are involved in financing Russia's war and supporting its shadow fleet ➡️ https://t.co/mPSk0dpI3y pic.twitter.com/CQuvqV1rx2
Bancos rusos y empresas energéticas
La lista de hoy incluye a casi 50 bancos e instituciones financieras rusas, así como al único accionista del gigante minorista ruso Wildberries y a una persona que controla la participación mayoritaria en otra importante empresa rusa de comercio electrónico, Ozon.
El Consejo también ha incluido en la lista a otras entidades y empresarios del sector petrolero y energético ruso. Las empresas energéticas incluidas hoy en la lista gestionan refinerías rusas y la terminal petrolera de San Petersburgo, y operan en el segmento de la exploración y la producción, indicó la institución.
La flota fantasma rusa
Por lo que respecta a la llamada ‘flota fantasma’ rusa, se ha incluido en la lista negra a diversas empresas de los Emiratos Árabes Unidos, China, Seychelles y Omán que son compradoras de productos derivados del crudo de origen ruso, así como a determinados empresarios que son propietarios o gestionan buques sujetos a medidas restrictivas de la UE y que transportan ilegalmente petróleo ruso.
Desinformación
En cuanto a las sanciones relacionadas con desinformación, el Consejo añadió a la lista de sancionados a la Agencia de Diseño Social (SDA, por sus siglas en ingles), una empresa de relaciones públicas y tecnología política con sede en Moscú que lleva a cabo proyectos a gran escala de manipulación e interferencia de la información financiados, dirigidos y supervisados por la Administración Presidencial rusa.
La SDA «manipula sistemáticamente» el entorno de los medios de comunicación y las redes sociales, difunde propaganda y desinformación prorrusas, así como campañas de manipulación e interferencia de la información extranjera, según el Consejo.
Explicó que ha orquestado campañas de desinformación dirigidas específicamente contra países de la UE, instituciones de la UE y el apoyo público europeo a Ucrania, incluso en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 y de operaciones específicas contra Estados miembros de la UE como Alemania y Francia.
En concreto, la lista de hoy incluye a 24 personas que trabajan para la SDA y que han contribuido, en diversas funciones, al desarrollo y la gestión de las denominadas ‘contracampañas europea’ y ‘contracampaña ucraniana’.
Además, el Consejo ha incluido en la lista a propagandistas como las figuras de la televisión rusa Vitaly Eliseev y Petr Marchenko, el bloguero y comentarista militar de origen ucraniano Yurii Podoliaka, y a Chay Bowes, de RT International.
Ciberataques contra infraestructuras críticas
Por otra parte, el Consejo también ha sancionado a NoName057(16), un grupo de hackers prorruso que surgió por primera vez en marzo de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania y que reivindica la autoría de ciberataques contra organismos gubernamentales, infraestructuras críticas y empresas privadas de Ucrania, EE. UU. y los países de la UE.
En la UE, el Consejo aseguró que NoName057(16) ha atacado sitios web y portales de múltiples sectores mediante ataques de denegación de servicio (DDoS).
Entre los principales objetivos se encuentran los sectores energético, financiero y del transporte, las instalaciones de suministro de agua, así como los partidos políticos y los candidatos durante los procesos electorales.
Las personas sancionadas están sujetas a una congelación de activos y se prohíbe proporcionarles fondos o recursos económicos, ya sea directa o indirectamente, o en su beneficio. Además, se aplica una prohibición de viajar a la UE a las personas físicas.









