Vista del Tribunal Constitucional. EFE/ Zipi

El TC declara inconstitucional el decreto que blinda el litio extremeño

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional el Decreto-Ley 5/2022 del Gobierno de Extremadura que obliga a que el tratamiento y beneficio metalúrgico del litio extraído en Extremadura se haga en la comunidad autónoma.

En concreto, el TC ha estimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central al articulado del citado Decreto-Ley, norma que establecía medidas urgentes necesarias en la regulación del aprovechamiento de recursos minerales de litio en Extremadura, han informado fuentes del Tribunal Constitucional.https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2023_078/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2078-2023.pdf

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado César Tolosa Tribiño, considera que dicho decreto “vulnera la competencia del Estado en materia de bases del régimen minero y energético”, como así lo recoge el artículo 149/1.25 de la Constitución española.

Se subraya que la norma impugnada al condicionar cualquier concesión de explotación de los recursos minerales de litio en Extremadura al cumplimiento de la obligación de que el tratamiento y beneficio metalúrgico y mineralúrgico de los recursos de este mineral se realicen necesariamente en el territorio extremeño, “invade la competencia del Estado de establecer las bases del régimen minero”.

Además, el Tribunal Constitucional considera que la Ley 22/1973 de minas, pese a su carácter preconstitucional, “incluye una norma básica en materia de régimen minero”. En dicho precepto se atribuye al Estado la decisión de condicionar o no que el tratamiento y beneficio de la explotación de los recursos se realice en España o de imponer obligaciones a los concesionarios en aras a satisfacer el “interés nacional”.

Sin embargo, el Decreto-ley extremeño atribuye la facultad de condicionar el otorgamiento de la explotación del litio a Extremadura, imposibilitando que el Estado adopte esa decisión, incurriendo en evidente contradicción con lo dispuesto en el art. 73.1 de la Ley de minas.

La sentencia concluye que la norma impugnada ha invadido la competencia del Estado en el establecimiento de las bases del régimen minero y consiguientemente declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 2, 3 y 4 del citado Decreto-ley.

Asimismo, se considera que la imposición de que el tratamiento y beneficio metalúrgico y mineralúrgico de los recursos del litio se realicen en Extremadura “supone introducir una restricción geográfica a la libertad de empresa, que no está justificada por razones imperiosas de interés general”.

Con la estimación del recurso se cierra un camino jurídico que se inició el pasado 20 de junio cuando el TC admitió a trámite el recurso contra este decreto presentado por el Ejecutivo central.

Según el Gobierno, como así lo expuso en la presentación del recurso, “la supeditación de su riqueza al territorio autonómico implica quiebra de las competencias estatales en materia de igualdad de derechos, legislación civil y bases en materia minera y energética”, así como del principio de igualdad y del derecho de propiedad.

Por su parte, desde la Junta, el entonces presidente en funciones, Guillermo Fernández Vara, afirmó que su Gobierno defendería “con todas sus fuerzas” el decreto y recordó que durante los últimos meses se ha estado dialogando con el Ejecutivo central sin llegar a un acuerdo.

A su juicio, este decreto “va mucho más allá del régimen minero” y que tiene mucho que ver con el desarrollo económico y social de Extremadura, la lucha contra la despoblación, y el progreso de Extremadura. También recordó que la Ley nacional de Minas es preconstitucional, de 1973, por lo que entienden que si Extremadura decide sobre el régimen minero, “lo lógico y natural” es que también lo haga sobre su transformación.