Santiago de Compostela (EFE).- La Xunta, el Ayuntamiento de A Coruña, y el Gobierno central se reunirán a finales de este mes de mayo para acordar un “nuevo marco jurídico” de desarrollo de la fachada marítima de la ciudad, una vez que se han dado por “superados” los convenios firmados en 2004.
Este “gran pacto de Estado”, según lo ha denominado la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, es el que ha abordado con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este viernes, en un encuentro monográfico con el que han inaugurado una “nueva etapa” de cooperación administrativa para el futuro de este importante espacio de la ciudad.
Tras el encuentro, Rey ha asegurado que el nuevo marco jurídico tendrá que garantizar “la titularidad pública de los terrenos portuarios y también los ingresos necesarios para la viabilidad de la Autoridad Portuaria”, dado que la idea inicial era venderlos para saldar su deuda, pero no ha querido avanzar más detalles porque este es aún “el inicio del trabajo conjunto”.
Solo ha apuntado que el proyecto de desarrollo de la fachada marítima se iniciará con una “fase cero” de remodelación y reforma del espacio urbano entre la calle Compostela y la Avenida da Mariña, Os Cantóns y la puerta de entrada al puerto interior, que será “respetuoso con el patrimonio”.
Rey ha explicado que los convenios de 2004 – que implicaban que el Ayuntamiento recalificaría parte de los terrenos para su venta y construcción de viviendas con lo que la Autoridad Portuaria pagaría su deuda- han quedado superados “por las circunstancias sociales, económicas y urbanísticas”.
Necesario “un nuevo marco”
Por eso, es necesario dotarse de “un nuevo marco”, que no ha especificado si puede ser o no un consorcio. “Ya se verá”, ha dicho, sin querer avanzar más “por respeto al resto de administraciones”.
Se trata de “un proyecto de futuro”, a diez años como mínimo, “que trasciende a un mandato o a una ciudad”, ha constatado, por lo que en la reunión de este viernes han acordado “dejar fuera de la lucha política” sobre esta cuestión y abordar esa reunión “interadministrativa” a finales de mes.
Por su parte, Rueda ha manifestado “la voluntad de la Xunta de embarcarse desde el principio” en este proyecto “ambicioso” para lo que ha considerado fundamental que todas las administraciones estén coordinadas porque “los grandes proyectos requieren, para salir bien, estar bien calzados desde el principio”.
Por eso, ha instado a “dejar de lado” los diferentes planteamientos y opciones políticas de las administraciones implicadas, tanto la municipal y la autonómica, que deben tener “el papel más importante, el papel tractor”, como la estatal.
En la reunión que esperan mantener a finales de mes, quedará plasmado en un documento “toda la voluntad conjunta de que esto vaya para adelante”, ha explicado, porque hay una oportunidad en A Coruña de que los espacios portuarios dejen de ser “un muro y un parón al crecimiento”.
Así que ha agradecido el “espíritu de colaboración” de la alcaldesa coruñesa y que entendiera que la Xunta tiene que ser “parte importante” de este proyecto, que supondrá la transformación de la ciudad de A Coruña para la próxima década y “por lo tanto también de Galicia”.
800.000 metros cuadrados de terrenos portuarios
“No es más que el principio de algo que va a ser muchísimo más grande y esperamos que a quien le toque, porque es un proyecto ambicioso a unos cuantos años, pueda decir que la culminación fue mucho más fácil porque empezó bien desde el principio y eso es empezar con colaboración estrecha, leal y decidida”, ha concluido.
El futuro de la fachada marítima coruñesa es el uso que van a tener los 800.000 metros cuadrados de terrenos portuarios de la ciudad, tras el traslado de operaciones hacia el puerto exterior de Punta Langosteira, en Arteixo, una obra que ha dejado una deuda de 280 millones de euros a la Autoridad Portuaria.
En su momento, se acordó que el Ayuntamiento recalificaría parte de los terrenos para su venta posterior y construcción de viviendas, con lo que se pagaría esa deuda, pero durante el mandato de la Marea Atlántica (2015-2019) se logró el consenso de todos los grupos políticos para avanzar en una solución hacia un uso público.
