El maquinista que llevó el Alvia a Ourense dice que habría cogido la llamada

Santiago de Compostela, 26 oct (EFE).- Celso Castor González, el vigilante de seguridad del Alvia siniestrado el 24 de julio de 2013 en Santiago, ha contado este miércoles en el juicio que la llamada entre el maquinista y acusado Francisco José Garzón Amo y el revisor Antonio Martín Marugán duró «hasta el momento del accidente» del tren.

La juez Elena Fernández Curras toma declaración este miércoles en el juicio por el accidente del Alvia en Santiago de Compostela al interventor que llamó al maquinista antes del descarrilamiento y al trabajador que condujo aquel tren desde Medina del Campo hasta Ourense y que está personado como acusación contra Adif. EFE/Óscar Corral

Si bien con carácter previo el interventor declaró, en calidad de testigo, que le había dado tiempo a guardar el teléfono, ahora este empleado de Prosegur, que lamenta «por desgracia» seguir ejerciendo la misma función, ha dicho no tener constancia de ello y sí de que la velocidad del convoy «no era la de siempre» y de que la conversación terminó de forma abrupta y sin despedida.

Celso Castor viajaba con Martín Marugán en el tercer vagón y fue consciente de que habían dejado atrás el viaducto del Ulla, que está a diez minutos de la capital gallega.

Castor cree que el conductor en un momento dado se dio cuenta de en qué punto del trayecto estaba y tiró el teléfono. «El maquinista se daría cuenta, no sé, de lo que estaría pasando», ha dicho ante la atenta mirada de la magistrada presidenta María Elena Fernández Currás.

También ha relatado que el aviso de megafonía de que estaba cerca la estación se produjo durante esa conversación.

Martín Marugán se ha quedado en la sala de vistas escuchando el testimonio de este vigilante.

Andrés Cortabitarte, responsable en su día de la seguridad en la circulación de Adif, y procesado por la tragedia ferroviaria junto a Garzón Amo, no está en la sala de vistas. Tampoco el maquinista. Pueden decidir libremente no acudir porque ambos están exonerados.

A ambos se les imputan 80 fallecimientos por imprudencia grave profesional, 145 lesiones por el mismo motivo, y un delito de daños.