Palma (EFE).- Cuatro personas que se hacían pasar por funcionarios del Consell de Mallorca y que aseguraban que podían anular expedientes sancionadores por infracciones urbanísticas, han sido detenidas por la Policía Nacional en Palma acusadas de cometer los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal.
Los detenidos idearon una trama delictiva en la que aseguraban falsamente tener contactos dentro de la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca (ADT), perteneciente a la administración insular, que les permitían anular sanciones por infracciones urbanísticas en fincas de Mallorca, ha informado el cuerpo policial en una nota.
Sancionados por la ADT
Los arrestados engañaron a varias personas que habían sido sancionadas por la ADT para les entregasen diversas cantidades de dinero a cambio de que les anulasen las sanciones impuestas. De acuerdo con la investigación, los presuntos autores de la estafa habrían obtenido hasta 370.000 euros.
Una de las víctimas, después de saber que se le había interpuesto una sanción por haber realizado unas obras en suelo rústico, denunció que, a través de unos conocidos suyos, contactó con uno de los presuntos autores de la trama que ejercía de captador y recaudador.
Según la versión policial, esta persona entregaba el dinero recibido a otro de los arrestados encargado de gestionar el asunto con el contacto que aseguraba tener dentro de la ADT.
Otro de los detenidos, en su calidad de arquitecto y en representación de las víctimas, realizaba gestiones de trámite a fin de aparentar que el dinero invertido se estaba dedicando a obtener la cancelación de la sanción, aunque la intención de anular estas multas era nulo ya que las mismas eran firmes y no cabía recurso alguno.
El cuarto miembro del grupo criminal habría utilizado una cuenta bancaria a nombre de una mercantil de la que es administrador único para captar dinero de una de las víctimas.
Situación límite de las víctimas
El Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional ha concluido que los detenidos se habrían aprovechado de la situación límite, tanto económica como mental, a la que estaban sometidas las víctimas para convencerlas de que realizasen los pagos solicitados para, supuestamente, quitar las sanciones urbanísticas.
Esta situación, como ha señalado la Policía, ha generado que las víctimas no solo no se han beneficiado de posibles reducciones en la cuantía de la multa por pronto pago, sino que han llegado a producirse en su contra intereses de demora.
