Rebeca Palacios |
Logroño (EFE).- El consumo masivo de pornografía a edades más tempranas ha facilitado la normalización del empleo de la violencia y la violación como práctica sexual entre los menores, para quienes es muy difícil deconstruir después ese concepto de la sexualidad, ha dicho este miércoles a EFE la experta en atención a mujeres prostituidas Cristina Ramírez.
Esta enfermera, quien coordina el programa de trata de seres humanos de los proyectos de la entidad Oblatas en Europa, ha intervenido en Logroño en el 17 Congreso de la Sociedad Española de Contracepción, en el que participan unos 500 profesionales hasta el próximo viernes.
Ramírez, quien es profesora en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Sevilla, ha apostado por potenciar la educación entre los más jóvenes y la sensibilización de la población en general frente a la prostitución, hasta donde se han trasladado también las conductas violentas.
Ha alertado de que, en la trata con fines sexuales, actualmente hay un nuevo escenario en el ámbito virtual, de modo que no solo afecta a mujeres migrantes y ya se han identificado los primeros casos de captación de niñas españolas a través de las redes sociales.
Restituir el daño emocional
Ha explicado que, en la atención a las mujeres prostituidas, no solo hay que perseguir el delito, lo más importante es la restitución del daño emocional que han sufrido las víctimas de explotación sexual.
Tras la pandemia, ha detectado que las mujeres prostituidas se encuentran en una situación de “más pobreza y vulnerabilidad”, con mucha dificultad para acceder a una vivienda propia, por lo que, en muchas ocasiones, comparten su domicilio con el espacio de explotación, “con todo lo que ello conlleva”.
El proyecto social Oblatas atendió el año pasado a 4.500 mujeres, un 72 por ciento más que en 2022, y, además de proporcionar apoyo psicológico, trabaja en su inserción social y laboral.
“Desgraciadamente, suele tratarse de población que está en los márgenes, en una posición de mucha vulnerabilidad por encontrarse en situación administrativa irregular, lo que dificulta su acceso al mercado laboral y la recuperación de todos sus derechos”, ha lamentado.
