Logroño (EFE).- La consejera de Agricultura del Gobierno riojano, Noemí Manzanos, ha asegurado este lunes que, en esta comunidad, “ninguna solicitud de cosecha en verde -de la convocatoria de 2024- quedará fuera de las ayudas” establecidas a tal fin por falta de fondos, si los viticultores solicitantes cumplen los requisitos.
Manzanos ha realizado estas afirmaciones en una rueda informativa, en la que ha presentado la Orden reguladora de las ayudas del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español para acogerse a las ayudas de la vendimia en verde de 2024, que se publicará mañana, martes, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR).
La consejera ha explicado que la cosecha en verde es una medida que ayuda en parte a recobrar el equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado vitivinícola, y que, junto a la destilación de crisis -para la que este año se dispone de 17 millones de euros-, puede provocar efectos favorables para reducir la elevada ratio stock-ventas.
La previsión del Gobierno de La Rioja es que, de los 21,4 millones de euros a repartir entre las siete comunidades autónomas que han pedido acogerse a la cosecha en verde, a La Rioja se estima que llegue un mínimo de unos 8,7 millones de euros, ha informado.
El pasado año, 276 viticultores se acogieron a esta medida de dejar la uva sin vendimiar y las previsiones del Gobierno riojano para este año, tras las reuniones mantenidas con el sector, es que la cifra sea superior, ha precisado Manzanos.
Ha incidido en que, de acuerdo con el compromiso del presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, a este respecto, ningún viticultor quedará fuera de las ayudas por falta de fondos, y lo que no se cubra con la partida que llegue del Ministerio, si es que fuera preciso, se atenderá con presupuesto regional.
El período para la presentación de solicitudes de la ayuda a la cosecha en verde, financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA), será de un mes a contar desde la fecha de publicación de la resolución.
“Esa ratio aún con continúa estando lejos del equilibrio, por lo que es necesario en 2024 volver a poner ambas medidas en marcha”, ha recalcado Manzanos.
El fin de la Orden, cuya resolución se prevé esté aprobada esta semana -para iniciar el plazo de presentación de solicitudes- es reducir la carga burocrática y a facilitar los trámites tanto en el momento de la solicitud, como en los de justificación y tramitación de los pagos.
