Una de las bebés intercambiadas en Logroño reclama por la vía judicial 3 millones de euros

Logroño, (EFE).- El abogado José Sáez Morga ha anunciado este viernes que recurrirá ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia La Rioja (TSJR) que se eleve a 3.010.000 euros la indemnización ofrecida de 850.000 euros por el Gobierno riojano para una de las jóvenes intercambiada al nacer por otra en el Hospital San Millán de Logroño en 2002.


En una rueda de prensa, Sáez Morga ha explicado que su defendida ha rechazado la indemnización ofertada por el Ejecutivo regional de 850.000 euros, según una resolución del pasado 5 de octubre del Consejo de Gobierno, que aceptó un dictamen previo del Consejo Consultivo de La Rioja, que no es vinculante y que proponía esta cantidad.

Este abogado ha precisado que el Consejo Consultivo no tuvo acceso a la póliza de seguros del Gobierno riojano, que establecía un tope compensatorio de hasta 4 millones de euros por este tipo de siniestros, por lo que podría haber fijado otra cantidad diferente a la de 850.000 euros.

Dos niñas intercambiadas al nacer

La joven que ha reclamado ser indemnizada se crió con la que consideraba su abuela materna, ya que sus progenitores fueron declarados incapaces; mientras que la otra creció con la familia que consideró como propia.

En 2017, la abuela interpuso una demanda de manutención contra el que creía progenitor de la niña, quien rechazó el pago y una jueza ordenó una prueba de ADN, que confirmó que este hombre no era el padre biológico de la joven.

Entonces, la chica decidió someterse a otro análisis que determinó que tampoco era hija de quien consideraba su madre biológica, por lo que inició el proceso para conocer a sus verdaderos padres, se revisaron los nacimientos registrados en el antiguo Hospital San Millán el mismo día que el suyo y se descubrió el intercambio de las dos bebés.

El abogado José Sáez Morga ha anunciado este viernes que recurrirá judicialmente que se eleve a 3 millones la indemnización para una de las jóvenes intercambiadas al nacer en 2002. EFE/Raquel Manzanares

Inicio del proceso judicial

Esta joven reclamó una indemnización, que el Gobierno de La Rioja fijó, en un primer momento, en 215.000 euros; una sentencia judicial que reconoció la responsabilidad de la administración la elevó a 430.000 y, después, se pidió el informe al Consejo Consultivo, que, el pasado mes de septiembre, propuso 850.000 euros.

Respecto a su decisión de presentar un recurso en la vía judicial, para lo que tiene un plazo de dos meses, hasta el próximo 11 de diciembre, el abogado ha recalcado que la compensación no se ha cuantificado según el tope que se recoge en la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios en las indemnizaciones por responsabilidades en el ámbito sanitario.

Ha detallado que en la resolución del Consejo de Gobierno «ya no se discute, como en la primera propuesta de acuerdo, la falta de relación de causalidad, que no había hecho antijurídico y que había obligación de soportar las consecuencias».

Por ello, ya no se pone en entredicho el reconocimiento de la responsabilidad (de la administración en el intercambio de los bebés), por lo que «queda pendiente la cuantificación, no como reparación, porque es imposible en este tipo de daño moral, si no en cuanto a la mitigación».

Ha explicado que su clienta ha decidido recurrir porque «no se han tenido en cuenta todas las circunstancias y su victimización», ni la fecha de actualización a la que se debe ajustar esa indemnización.

Así, según este abogado, la cuantía se debe establecer desde la fecha de salida del hospital de la niña en 2002 y la resolución del Consejo de Gobierno de octubre de 2022, pero no la fecha de la sentencia de noviembre de 2021, en la que se reconoce la nueva filiación de su clienta.

Desacuerdo en la «filtración» de la resolución

Sáez Morga también ha aprovechado su intervención para mostrar su «desacuerdo» hacia la forma en la que ha conocido la resolución del Consejo de Gobierno, de cuyo contenido se enteró a través de los medios de comunicación el 5 de octubre y que no le fue notificada oficialmente hasta el pasado día 11.

Además de «reivindicar» el papel de los profesionales del derecho, ha criticado que la «filtración» de esta resolución supone «una desconsideración hacia la propia interesada», quien en la actualidad tiene 20 años.

Ha concluido que numerosos los medios de comunicación de todo el país han solicitado entrevistas con su clienta, que las ha rechazado todas y ha recalcado que tampoco aportará más información sobre su vida personal porque ella sigue «victimizada».

Por Rebeca Palacios