Lima, (EFE).- Miles de peruanos procedentes de varias regiones del país marcharon este jueves en el centro histórico de la capital para exigir el cierre del Congreso y expresar su rechazo a la oposición al Gobierno de Pedro Castillo en una marcha autodenominada “La toma de Lima”.
Ataviados con banderas blanquirrojas, carteles y varios con sombreros típicos de provincias, voces de la costa, sierra y selva de Perú confluyeron en Lima en un grito en favor de la gobernabilidad del país, en medio de su crispada coyuntura política y el recrudecimiento de las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo.
“Hemos venido desde tan lejos para el respaldo de nuestro amigo presidente (…) porque no le dejan trabajar, no lo saben respetar”, declaró a EFE Maritza Aguilar, una de las asistentes.
La mujer viajó hasta la capital con paisanos suyos de la norteña región de Tumbes para protestar contra un Parlamento que define como una “lacra” dedicada “solamente” a acusar a Castillo “con sus imaginaciones y maldades”, en alusión a las imputaciones por corrupción que afronta el mandatario.
“Ratas ociosas, váyanse a su casa”, “urgente, urgente, cierre del Congreso”, “esta es la fuerza, la fuerza de Castillo”, “siempre de pie, nunca de rodillas”, entonaban al unísono los manifestantes.
La protesta, que hasta ahora se ha desarrollado de manera pacífica pese a las advertencias previas de posibles actos violentos, arrancó en la céntrica plaza San Martín y continuó hacia la sede parlamentaria, cuyas inmediaciones estaban cercadas por rejas y un numeroso despliegue policial.
Respaldo al presidente Castillo
Entre la multitud, Espuma Guerra marchaba junto a sus “hermanos ganaderos” de la provincia limeña de Cañete, también para mostrar su “respaldo al presidente Pedro Castillo”.
“Sabemos que este Congreso corrupto, golpista, quiere dar un golpe de Estado en contra de nuestro presidente, que fue elegido democráticamente por el pueblo”, apostilló a EFE el hombre, en una referencia explícita al gobernante, quien denunció la existencia de “una nueva modalidad de golpe de Estado” luego de que la Fiscalía presentara ante el Parlamento una denuncia constitucional en su contra.
“Pedimos al Congreso que se respete la gobernabilidad y pedimos la paz porque este Gobierno tiene que acabar los cinco años”, continuó Guerra, quien expresó su enérgico rechazo a la tercera moción de destitución presidencial que están preparando varios parlamentarios de la oposición.
Los vituperios de los manifestantes, sin embargo, no se limitaron a atacar el Legislativo, pues algunos carteles pedían también una nueva constitución o la renuncia de la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, quien investiga a Castillo por presunta corrupción.
Tampoco faltaron las críticas a los medios de comunicación limeños, en sintonía con los discursos del jefe de Estado y sus ministros, quienes en reiteradas ocasiones han denunciado una suerte de “complot” entre un sector de la prensa, de la oposición y del Poder Judicial para sacar a Castillo del poder.
“La prensa convencional (…) está siendo direccionada (…) solamente desinforma a la verdad”, espetó a EFE Humberto Víctor Franco, un periodista de la norteña región de Trujillo.
El hombre insistió en que la “nefasta actitud de los congresistas y demás poderes del Estado, como el Ministerio Público”, demuestra, a su parecer, la existencia de una “confabulación para perseguir al presidente que ha sido elegido legítimamente a través del voto popular”.
Crispada coyuntura política
“La toma de Lima” fue convocada por varias organizaciones sociales, sindicales y políticas, cinco días después de otra manifestación masiva que tuvo lugar en Lima y otras ciudades del país, donde miles de peruanos salieron a exigir la renuncia o la destitución de Castillo.
La polarización social y las fricciones entre poderes del Estado han sido constantes en Perú desde las elecciones generales del año pasado, pero se agudizaron en las últimas semanas a raíz de la denuncia constitucional que la fiscal Benavides presentó en el Parlamento contra el presidente por presuntamente liderar una supuesta organización criminal.
Estas imputaciones, negadas en reiteradas ocasiones por el mandatario, también salpican a varios miembros de su Gobierno y de su entorno familiar más íntimo.
Ante este escenario, Castillo solicitó la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a la Organización de Estados Americanos (OEA), que la próxima semana enviará una misión al país para analizar su crispado escenario político.
