Asunción (EFE).- La imputación por parte de dos fiscales paraguayos contra el expresidente Mario Abdo Benítez (2018-2023) y ocho funcionarios de su gestión ha dejado en evidencia la pugna entre dos importantes facciones del Partido Colorado: una encabezada por el ahora acusado dirigente y otra tutelada por el exmandatario Horacio Cartes.
A continuación, las claves de un proceso que elevó de las urnas a la Justicia la división en el partido que ha gobernado este país en épocas de dictadura o de democracia desde 1947, salvo un periodo entre 2008 y 2012, cuando llegó al poder el exobispo católico Fernando Lugo, quien luego fue sucedido, hasta agosto de 2013, por el liberal Federico Franco.
Los involucrados
Mario Abdo Benítez encabezó el Ejecutivo entre 2018 y 2023. Apoyado por el movimiento Fuerza Republicana, se enfrentó en las primarias partidarias de diciembre de 2022, a Cartes, líder de Honor Colorado y quien conquistó con una holgada votación la jefatura del Partido Colorado.
Horacio Cartes ejerció la presidencia del país de 2013 a 2018. Es considerado mentor político del actual gobernante paraguayo, Santiago Peña.
La acusación contra Abdo Benítez
Los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti imputaron el lunes pasado a Abdo Benítez y ocho de sus colaboradores por los presuntos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a cometer un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Según la acusación, durante la pasada Administración “se habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña), con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral”.
¿Qué motivó la acusación?
La imputación hace parte de una investigación emprendida por el Ministerio Público en respuesta a una denuncia que Cartes presentó el 31 de julio de 2023 por intermedio de su abogado, Pedro Ovelar.
El exgobernante advirtió en ese entonces que desde 2018 -año en el que comenzó el Gobierno de Abdo Benítez- afrontaba una “persecución” por parte de “personas en el ejercicio del poder político”. Según su abogado, se crearon “mentiras” para engañar a Brasil y EE.UU., lo que derivó en procesos y sanciones en contra de su cliente y de sus empresas.
Cartes amplió en septiembre de 2023 la querella, al añadir la supuesta “revelación de secretos del servicio” de la que señaló al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, actualmente imputado. Un mes después, Ovelar incluyó en la denuncia un presunto “plan urdido desde órganos del Gobierno anterior” y advirtió sobre “medios de prensa afines al plan”.
En julio de 2022, el Departamento de Estado acusó a Cartes por su presunta “participación en actos de corrupción significativos”, razón por la cual vetó su ingreso a ese país. En enero de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó económicamente al exmandatario y a algunas de sus empresas.
Las medidas estadounidenses alcanzaron a Hugo Velázquez, segundo a bordo del Ejecutivo de Abdo Benítez.
Se filtran presuntos chats
La prensa local difundió este miércoles unos presuntos chats de conversaciones vía WhatsApp entre el fiscal Aldo Cantero, uno de los que acusó a Abdo Benítez, y el abogado de Cartes, que al parecer ocurrieron entre agosto y septiembre de 2023.
El diario ABC Color y la radio ABC Cardinal publicaron capturas de pantalla con diálogos acerca de supuestas reuniones entre Cantero y Ovelar, presuntos intercambios de documentos y pedidos del abogado sobre asuntos a investigar.
Reacción
El abogado de Cartes, Pedro Ovelar, declaró el mismo miércoles a medios locales que los supuestos chats “son absolutamente falsos” y negó “categóricamente la veracidad” de estos.
Este jueves, el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, anunció en una conferencia de prensa la apertura de un sumario administrativo tras la publicación de los presuntos chats.
Previamente, designó a un nuevo equipo en reemplazo de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti y dejó sin efecto la coordinación de la causa por parte de la fiscal adjunta Patricia Rivarola.
Avanza el proceso
También este jueves la jueza penal de garantías Cynthia Lovera admitió la imputación contra Abdo Benítez y sus exfuncionarios.
En el caso de Abdo Benítez -que es senador vitalicio por su condición de ex jefe de Estado- y su exsecretario privado y actual diputado, Mauricio Espínola, remitió al Congreso un pedido de desafuero.
