Por Jon Martín Cullell |
São Paulo (EFE).- Cláudio da Silva, ombudsman de la Policía del estado de São Paulo y activista contra el racismo, denuncia un “retroceso histórico” en la política de seguridad de la región más rica y poblada de Brasil, en medio de una inédita operación policial que ya ha cobrado la vida de 56 personas, en su mayoría afrodescendientes.
“La estrategia de seguridad es nefasta. Hay personas que nos dicen que nunca vivieron una situación similar de violencia policial, que se sienten inseguras y están pensando en vender sus casas”, dice Da Silva en entrevista con EFE, sentado en el despacho sobrio desde donde se encarga de fiscalizar a las fuerzas de seguridad.
En el cargo desde inicios de 2023, Claudinho, como se le conoce amistosamente por los movimientos sociales que lo auparon, ha puesto contra las cuerdas al Gobierno regional con su denuncia sistemática de las violaciones de derechos humanos.
La historia detrás de Cláudio da Silva
Da Silva, un hombre negro de 47 años, de constitución fuerte y pelo corto, se crio en un barracón de madera y conoció de primera mano la violencia policial que sufren los jóvenes de los suburbios.
Cuando era adolescente trabajó limpiando zapatos de policías en una comisaría de barrio. Mientras engrasaba todo iba bien, pero el clima cambiaba cuando salía con amigos a comer pizza o a alguna fiesta.
“Nos abordaban de forma violenta, con patadas y golpes en las partes íntimas. Teníamos que caminar con la cartilla de trabajo en el bolsillo para probar que teníamos empleo”.
Fue esa violencia estructural la que llevó a la creación de la Oficina del ombudsman de la Policía de São Paulo en 1995, una iniciativa pionera en Brasil. Desde entonces, el organismo recibe al año una media de 5.000 denuncias de abusos de agentes.
Sin embargo, pocas veces la labor del ombudsman había sido tan visible como ahora, debido a la operación policial de larga duración lanzada a principios de febrero en la ciudad de Santos, tras el asesinato de un agente y que es una de las más letales que se recuerdan en la región.
La semana pasada, en un teatro lleno de familiares de víctimas que pedían justicia, Da Silva presentó un informe a la Fiscalía documentando abusos en varios casos, entre ellos el de un joven negro casi ciego al que abatieron en su propia casa.
El gobierno regional, liderado por un aliado del expresidente Jair Bolsonaro, ha justificado las muertes como “legítima defensa” de los agentes ante supuestos ataques, un argumento que Da Silva cuestiona.
“Uno llega a las comunidades y ninguna barraca ni ningún policía presenta impactos o heridas de bala. ¿Qué tipo de tiroteo es ese? No hay evidencia, solo un supuesto bandido muerto”.
Amenazas y peticiones ignoradas
Las denuncias han tensado la relación del ombudsman con el gobierno regional y la Policía y le han costado un par de amenazas. Una de ellas vino de un agente jubilado que escribió en un grupo de WhatsApp de policías que “ese negro maldito merecía morir” por “defender a los bandidos”.
Para protegerse, Da Silva ha pedido más escoltas y un vehículo blindado, peticiones que han sido ignoradas por el gobierno regional, como tantas otras.
El edificio donde trabaja no ha pasado por reformas desde hace décadas, no dispone de wifi ni de aire acondicionado, y hay miles de carpetas amontonadas en una bodega con humedades por falta de recursos para digitalizar los casos.
“Tenemos 3.500 casos de abusos pendientes de respuesta del departamento de Asuntos Internos de la Policía Militar, lo que demuestra la relación irrespetuosa que quieren tener con nosotros”.
Pese a las dificultades, Da Silva no se desanima. De entrada, espera que la Fiscalía investigue las muertes y que los culpables respondan ante los tribunales.
A largo plazo sueña con una Policía “cortés y gentil” con los ciudadanos: “La condición social y el color de la piel no pueden determinar si una persona vive o no”.
