Por David Blanco Bonilla |
Lima (EFE).- Tras cinco años de su muerte, la figura del que fue poderoso presidente Alan García (1949-2019) se ha ido difuminando sin que aparezca un heredero visible de su legado político, ni de su liderazgo en el histórico Partido Aprista Peruano (PAP), que incluso perdió durante dos años su inscripción en el registro electoral.
García se suicidó el 17 de abril de 2019 cuando iba a ser detenido por sus supuestos vínculos con el caso Odebrecht, aunque sus más cercanos colaboradores han insistido durante estos años en que fue víctima de una “conspiración criminal”.
La polémica sobre su muerte se reavivó brevemente en marzo pasado, cuando varios de sus seguidores, entre ellos el ex primer ministro Jorge del Castillo, reclamaron por la decisión del Poder Judicial de autorizar a la Fiscalía que revise dos celulares que se incautaron en su vivienda.
Aunque esa decisión prohibió al Ministerio Público que extraiga o recupere información ajena al proceso por el caso ‘Lava Jato’ en Perú, Del Castillo aseguró que estaba “fuera de la ley”, ya que la investigación contra el exmandatario “terminó con su muerte”.
Una muerte en el caso Odebrecht
Alan García tenía 69 años cuando se suicidó para evitar que un grupo de policías y fiscales que llegó a su casa lo detuviera de manera preliminar por su supuesta vinculación con el caso Odebrecht, que él siempre negó.
Se le hizo una despedida con unos funerales multitudinarios celebrados en La Casa del Pueblo, el histórico local del PAP ubicado en el centro de Lima, y sus restos se cremaron el 19 de abril de 2019.
Desde un primer momento, su muerte generó polémicas y enfrentamientos entre seguidores y detractores, que no se han atenuado con el paso del tiempo e incluso llevaron hace un par de años a políticos como el ultraconservador Rafael López Aliaga, quien es alcalde de Lima desde 2023, a afirmar que solicitarían que fuera investigada.
En mayo de ese año, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien también es procesado por presuntos delitos de corrupción vinculados con el caso Odebrecht, acusó directamente a la Fiscalía de haber “llevado a la muerte” a Alan García.
Sus seguidores más cercanos siempre han señalado que “fue víctima de una conspiración criminal”, que vincularon con incidentes previos a su muerte, como su ingreso en la embajada de Uruguay, cuyo Gobierno rechazó en diciembre de 2018 concederle el asilo que solicitó con el argumento de que era un “perseguido político”.
Poco antes, directivos de Odebrecht aseguraron que le habían entregado cuatro millones de dólares durante su segundo gobierno, que alcanzó a pesar de que la sombra de la corrupción ya lo rondaba desde su primera gestión, de 1985 a 1990, cuando su gestión dejó a su país inmerso en una crisis económica sin precedentes.
Alan García: Un recuerdo que se difumina
Más allá de ello, y a pesar de que Alan García mantuvo una presencia muy activa en la política peruana, su recuerdo es cada vez menor tanto en medios locales, que en vida le dedicaban grandes coberturas, como en el espacio político, algo que se ha afianzado por la ausencia de representantes del PAP en el Congreso.
Aunque sus partidarios defienden que su legado no podrá borrarse, poco después de su muerte los dirigentes de su agrupación se enfrascaron en disputas internas que generaron una crisis que llevó a su retiro de las elecciones generales de 2021.
Ante esa situación, en septiembre de ese año el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que el PAP, que se fundó en 1930 por Víctor Raúl Haya de la Torre, había perdido su inscripción oficial.
Finalmente, tras numerosos trámites e impugnaciones, el partido logró en marzo de 2023 que se confirme que se había inscrito nuevamente en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, por lo que podrá, en principio, volver a participar en las elecciones que deben celebrarse en Perú en 2026.
