Caracas (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien llegó al país para el lanzamiento de “un plan de trabajo” conjunto entre el alto tribunal y el Gobierno.
La reunión es la primera actividad que se conoce de Khan, que se encontró, posteriormente, con el presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez, y el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.
Durante su visita al país -bajo investigación del alto tribunal desde noviembre de 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad– el fiscal de la CPI también inauguró la oficina de asistencia técnica en Caracas, cuya función será la de apoyar las iniciativas de la Justicia nacional.
Khan dijo, durante su encuentro en el Parlamento con funcionarios venezolanos, que hay una “oportunidad única” para seguir avanzando en las investigaciones para crear “un vínculo entre las leyes y el apoyo técnico” que la oficina va a prestar “en pro de la justicia”.
Además, agradeció al fiscal Saab la interacción que ha tenido, desde el comienzo de la investigación, con las instancias del alto tribunal.
Sin embargo, Saab respondió con críticas, al rechazar que, a nivel internacional, se busque posicionar a Venezuela como un “Estado fallido”.
Expuso que, desde 2017 -cuando empezó su gestión al frente de la Fiscalía del país caribeño- hasta marzo de 2024, su despacho ha dispuesto de 200 fiscales para trabajar exclusivamente en materia de derechos humanos.
“En solo siete años hemos logrado 227.867 diligencias de investigación, que han permitido obtener los siguientes resultados: 2.389 funcionarios de seguridad del Estado imputados, 2.795 funcionarios de seguridad del Estado acusados, 1.021 privados de libertad, 580 sentencias ya condenatorias, es decir, definitivamente firmes”, detalló el funcionario venezolano.
Una investigación de la CPI a Venezuela
La investigación quedó en suspenso, a petición de Caracas, a condición de que el Estado venezolano investigara, internamente, los supuestos crímenes cometidos durante las protestas de 2017, una tarea que la Justicia venezolana asegura estar haciendo.
En noviembre de 2022, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para retomar la investigación, al desestimar los argumentos presentados por el Gobierno venezolano para que no continuaran las pesquisas por parte del alto tribunal.
La CPI consideró que debía continuar la investigación, por lo que, en 2023, rechazó todos los argumentos expuestos por Gobierno venezolano, que alegó que debía respetarse el principio de complementariedad, por el que el tribunal internacional complementa la justicia del país, no la sustituye, y solo puede intervenir si el Estado no investiga.
En marzo de 2024, la Sala de Apelaciones de la CPI dictó sentencia sobre el recurso interpuesto por Venezuela contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de junio de 2023, y desestimó por unanimidad la apelación, con lo que quedó autorizada la reanudación de la investigación.
