El presidente francés, Emmanuel Macron, pronuncia un discurso durante la conferencia franco-ucraniana para la resiliencia y la reconstrucción en el Ministerio de Economía en París este 13 de diciembre. EFE/ EPA/LUDOVIC MARIN / POOL

Registran las sedes del partido de Macron y de la consultora McKinsey

Paris (EFE).- La Justicia francesa ordenó registros en las sedes de Renacimiento, el partido del presidente Emmanuel Macron, y de la consultora McKinsey dentro de la investigación por una posible financiación ilegal de la campaña electoral de 2017.

Las registros tuvieron lugar el martes, bajo la dirección de jueces de instrucción, y se inscriben en dos investigaciones diferentes iniciadas formalmente en octubre pasado, señalaron a EFE fuentes de la Fiscalía Nacional Financiera.

A finales de noviembre la Fiscalía anunció la apertura de esas investigaciones, que están a cargo de tres jueces instructores.

En concreto, los investigadores intentan dilucidar si la campaña de Emmanuel Macron en las presidenciales de 2017, en las que fue elegido por primera vez al Elíseo, tuvo una financiación ilegal a través de McKinsey, multinacional estadounidense.

“Es normal que la Justicia investigue de manera libre e independiente para arrojar toda la luz sobre esta cuestión”, señaló Renacimiento, quien se puso “a disposición” de los investigadores.

Gendarmes de la sección de investigaciones de París realizaron el registro en la sede de Renacimiento (partido denominado anteriormente La República en Marcha) y se llevaron documentos y soportes informáticos, señala hoy el diario Le Parisien, el primero en informar en primicia sobre los registros.

Durante el primer mandato de Macron, esa consultora se benefició de numerosos contratos públicos.

La comisión parlamentaria, creada por iniciativa de un grupo de senadores de oposición de izquierdas, ponía el acento en sus conclusiones en que desde 2018 el Gobierno había duplicado el recurso a consultoras privadas para múltiples trabajos de la Administración del Estado, hasta representar 894 millones de euros en 2021.

Para McKinsey, se trata del segundo registro en poco más de medio año, después de uno que ya hubo en mayo pasado por un procedimiento por blanqueo agravado de fraude fiscal.