Cartagena, 31 ene (EFE).- El fiscal de sala coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo de España, Antonio Vercher, ha calificado este martes la situación que sufre su departamento de “totalmente inestable y pantanosa”, ya que necesita “de todo, sin eufemismos, ni circunloquios”.
Durante el Congreso de la Red Nacional de Fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo que ha reunido en Cartagena (Murcia) a 50 de ellos de toda España, ha relatado que partiendo de la base de que la fiscalía no tiene presupuesto, los temas se van resolviendo recurriendo a organismos públicos.
Pero en la actualidad están “como el gato y el ratón permanentemente”, ya que algunas de estas instituciones, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, “tienen una actitud más mercantilista y si no pagas, no te hacen la prueba”.
Ha señalado que en la Unión Europea se ha pasado de aplicar en medio ambiente la máxima de “el que contamina, paga”, a la de “el que contamina, repara”, lo que suele ser más costoso.
En este sentido, ha explicado que hay determinados daños ambientales que ahora no se detectan, pero que dentro de 15 años, por el avance tecnológico, “los vemos con más precisión”, por lo que para su reparación “habrá que pagar más”.
Por ello, ha resaltado la importancia de contar “con la mejor tecnología posible en cada momento” y la necesidad de estar permanentemente actualizado.
Ha dicho ser “absolutamente consciente” de la situación del Mar Menor, pero ha advertido de que “las soluciones no son 2+2=4, sino infinitamente más complejas”, puesto que “hay una perspectiva social muy peculiar y una visión minera antigua que sigue dando coletazos”.
“El problema es serio y las soluciones son lógicamente a largo plazo”, ha añadido antes de expresar que “quizá el problema que tenemos las áreas con una importante riqueza ambiental es que como estamos acostumbrados a que la naturaleza sea tan pródiga con nosotros, no la respetamos ni la tomamos en consideración como debiéramos”.
“Eso en Islandia no pasaría”, ha reflexionado poniendo como símil el gran esfuerzo que supone cultivar una patata en esa isla.
El fiscal superior de la comunidad murciana, José Luis Díaz Manzanera, ha indicado que la causa por la contaminación del Mar Menor está pendiente de que se señale el juicio oral y “bien encauzada”.
Por otro lado, ha señalado que por delitos contra el patrimonio histórico, de los que también se ocupa esa fiscalía, “son pocos los procedimientos que se incoan cada año”.
Respecto a los delitos urbanísticos, ha dicho que la mitad de las condenas incluyen la demolición del inmueble construido ilegalmente y que los que son contra la ordenación del territorio son los más numerosos dentro de este ámbito del urbanismo, puesto que “una construcción en suelo protegido, aunque sea rustico, es constitutiva de delito”.
En estos casos, las sentencias condenatorias están obligando en la mitad de los casos a demoler lo construido, frente al 10 % de hace unos años, ya que “de lo contrario estaríamos en el supuesto de que el cuerpo del delito se deja y eso no tiene sentido”.
No obstante, considera que podría haber más sentencias si los ayuntamientos remitieran a la fiscalía expedientes sobre irregularidades urbanísticas, como “es su obligación”.
