Agentes de la Policía Judicial realizan labores de investigación en las discotecas Teatre y Fonda Milagros de Murcia, tras el incendio declarado el pasado fin de semana. EFE/Juan Carlos Caval

Piden 6 años de prisión para el dueño de Teatre por estafar con “prestamos casi leoninos”

Murcia, 6 oct (EFE).- Juan Rojo Inglés, propietario de Teatre, una de las discotecas incendiadas este fin de semana en Murcia, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de seis años de cárcel por, presuntamente, haber estafado a seis inversionistas alrededor de 400.000 euros mediante préstamos “casi leoninos”.

Inglés Rojo, administrador de más de una decena de sociedades, es propietario único de la empresa Teatre Murcia, una de las salas afectadas por un incendio del pasado domingo junto a Fonda Milagros, en el que murieron 13 personas. Ambos locales tenían orden de cierre por parte del ayuntamiento desde enero de 2022, que se investiga ahora por qué no se ejecutó.

La Fiscalía le acusa, en un caso que se remonta al año 2007, de un delito continuado de falsedad documental y otro delito continuado de estafa.

Según el escrito de la Fiscalía, en torno a ese año, Juan Inglés Rojo, con intención de obtener lucro económico se fue apropiando de diversas cantidades de dinero que varias personas le entregaban porque el acusado les prometía un rendimiento mucho más elevado que el que proporcionan las entidades bancarias.

Además de contactar con inversores, Inglés Rojo ofrecía, en algunas ocasiones, préstamos con condiciones extremas a personas con apuros económicos y necesidad inmediata de liquidez, con un interés del 20 % y a devolver en pocos meses mediante pagarés sujetos a una garantía hipotecaria, que eran entregados a los inversores.

Como en estos casos el préstamo era “casi leonino” -por el rédito, las condiciones de su concesión, el plazo breve de devolución y la abismal diferencia entre el importe del préstamo y el valor del bien inmueble que lo garantizaba- normalmente no se podía pagar, por lo que se echaba mano de la garantía hipotecaria que contenía.

En estos casos, el acusado se ocupaba de ejecutar el pagaré que estaba librado “a su orden”, pero evitaba ejecutar la hipoteca personalmente y lo endosaba a algunas entidades cuyos administradores eran personas próximas a él o simples testaferros que se limitaban a seguir sus instrucciones y a poner su firma cuando se les solicitaba.

En algunas ocasiones, el acusado recibía el dinero de los “inversores” y, tras incorporarlo a su patrimonio, les entregaba un pagaré, que él mismo confeccionaba, supuestamente aceptado por una persona cuyos datos conservaba el acusado de gestiones anteriores y que el propio Juan Inglés, como primer tomador, endosaba al inversionista.

El pagaré estaba garantizado con una hipoteca cambiaria inexistente, cuya escritura de constitución falsificaba el acusado y entregaba al inversor. Una vez vencido el plazo, Juan Inglés reclamaba de los acreedores el pagaré original y se ofrecía, por una comisión, a instar su ejecución, entregando una simple fotocopia del mismo como recibo y resguardo.

Como la hipoteca era imaginaria, nada se ejecutaba y el acusado, cuando le pedían el dinero, daba largas a los prestamistas, argumentando retrasos en la tramitación judicial.

Este fue el caso, por ejemplo, de Fernando Martínez, quien entregó en 2008 a Juan Inglés 26.760 euros para prestarlos a José Martínez Roda. El primero recibió un pagaré falso, supuestamente firmado por el segundo, por importe de 29.733 euros y garantizado con una hipoteca inexistente (de la que le dio una copia falsificada) que gravaba una vivienda en la localidad murciana de Cabezo de Torres, y Juan Inglés se apropió del dinero entregado.

En otras ocasiones, tras recibir el dinero, el acusado lo entregaba a auténticos prestatarios que firmaban el pagaré y la garantía hipotecaria. Después del impago, el propio Juan Inglés, tras pedir el documento original al inversor, ejecutaba el efecto, pero mediante un testaferro.

Ejecutada la hipoteca, Juan Inglés no reintegraba dinero al inversor que seguía esperando la devolución, confiando en las explicaciones del acusado.