Consejero murciano pide que se garantice la «equidistribución» del agua

Madrid, 24 ene (EFE).- El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Antonio Luengo Zapata, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez una «equidistribución del agua» en España, para «garantizar 330 hectómetros cúbicos al año para el Levante».

El consejero, junto con agricultores y otros representantes políticos murcianos, han participado hoy en Madrid en la protesta frente al Palacio de la Moncloa contra la aprobación del real decreto que revisa los planes hidrológicos, que afectaría al trasvase Tajo-Segura.

A su juicio, la aprobación en Consejo de Ministros de los planes hidrológicos «va a condicionar el desarrollo y futuro no solo del Levante si no de todo nuestro país».

El volumen de agua que están pidiendo que se garantice para el Levante español, según explicó, es el 4,5 % del agua que hoy hay embalsada en los pantanos.

Si se aprueba el plan hidrológico del Tajo, se «desoye el informe que ha hecho el Consejo de Estado, órgano objetivo y que de forma jurídica y técnica ha demostrado que las alegaciones al plan del Tajo que ha presentado el Gobierno de la Región de Murcia son coherentes».

En ese sentido, ha manifestado que «se demuestra que no hay ni un solo criterio técnico científico ni jurídico que determine el caudal ecológico que hay que fijar, por eso venimos a La Moncloa junto a los regantes y a la sociedad civil del levante español a pedir al Gobierno que acabe con esa hoja de ruta que tiene prevista».

«Somos solidarios con Castilla-La Mancha, pero para eso lo que hay que hacer es dejar de verter agua contaminada al Tajo y llevar a cabo las infraestructuras necesarias para llevar calidad y salubridad, es algo que venimos advirtiendo continuamente», ha dicho.

Por su parte, Jesús Cano, diputado por Murcia y portavoz de Agua del PP, ha advertido de que las consecuencias serán desastrosas y podrán en jaque a la «huerta de Europa», a más de 25.000 puestos de trabajo directos y a 3.000 millones de euros de aportación al PIB nacional, «y todo por un capricho».

El recorte del trasvase, ha aseverado, «no está basado en ningún criterio técnico ni científico» y sólo se basa en un criterio «ideológico, electoralista y partidista», a lo que ha añadido que hará daño a 2,5 millones de españoles y que el que el nivel de la lámina de agua en el Tajo suba sólo 2 centímetros «no va a beneficiar a nadie».

El presidente del PP de Lorca y portavoz del grupo municipal popular, Fulgencio Gil ha asegurado que la reducción del caudal procedente del trasvase tendrá consecuencias dramáticas para la economía de la región, pues supondrá el fin de «nuestro ciclo productivo, con pérdida de miles de puestos de trabajo y de empresas».

Por su parte, el concejal en el Ayuntamiento de Totana, candidato a las próximas elecciones municipales y agricultor, Juan Pagán Sánchez, ha señalado que sería un desastre para el municipio y la muerte para el trasvase Tajo-Segura.