Pamplona (EFE).- Las alegaciones formuladas por el Gobierno Foral refutan “categóricamente” la existencia de los supuestos de nulidad advertidos en sus informes por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) respecto a las adjudicaciones del desdoblamiento de los túneles de Belate y sendas promociones de vivienda protegida en 2018 y 2022.
En concreto, las alegaciones a los informes de la OANA, que ha analizado adjudicaciones de obras públicas a Acciona y Servinabar, propiedad del empresario Antxon Alonso, han sido formuladas por el Departamento de Cohesión Territorial y la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN) junto a la sociedad pública de vivienda Nasuvinsa.
Estas alegaciones han sido remitidas el mismo día en el que la presidenta, María Chivite, junto con los consejeros de los departamentos concernidos, han comparecido en comisión parlamentaria para tratar este asunto.
Antes de pasar a la sala, la presidenta ha señalado la importancia de estas alegaciones y ha explicado que es «inédito» que todos los consejeros que han presentado alegaciones comparezcan en el Parlamento.
Ya en su intervención parlamentaria, la presidenta ha afirmado que la situación de cárcel provisional del exdirigente socialista Santos Cerdán «nada tiene que ver» con el Gobierno foral ni con las obras de los túneles de Belate.
No hay «ilegalidad»
Tras asegurar que en el informe de la OANA sobre Belate «no aparece la palabra ilegalidad», Chivite ha subrayado: «Yo no adjudico, este Gobierno no da nada a dedo a nadie», sino que hay «una licitación de una Mesa de adjudicación meramente técnica». Y ningún consejero ni la presidenta del Gobierno «participan ni deben saber lo que ocurre en esas mesas de contratación», ha declarado.
En algunos procesos, ha señalado Chivite, «han podido existir disparidades de criterio técnico o jurídico, incluso irregularidades administrativas», pero no delitos.
Los portavoces de UPN, PP y Vox han censurado con dureza la actuación de la presidenta Chivite ante lo que han calificado como casos de «corrupción» y han reclamado su dimisión, mientras que el PSN les ha acusado de hacer una oposición «destructiva».
Entre los socios de Gobierno, Geroa Bai ha considerado que en los informes de la OANA hay «errores de partida importantes que llegan a conclusiones que no podemos compartir» y Contigo-Zurekin ha criticado que se celebre esta comparecencia habiendo una comisión de investigación abierta.
EH Bildu ha declarado que de los informes de la OANA se puede discrepar, pero en el seno de la comisión de investigación y «no por los medios de comunicación».
El proceso de Belate, «transparente»
En la comisión parlamentaria han intervenido asimismo los consejeros del Gobierno de Navarra concernidos por los informes de la OANA, entre ellos el de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, quien ha sostenido que el proceso de adjudicaciones del desdoblamiento de los túneles de Belate «ha sido y es legal y transparente», subrayando que no hay «ningún atisbo de ilegalidad penal y mucho menos de corrupción».
Por su parte, el consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha defendido el contrato de obras de construcción del colegio público de Arbizu y ha incidido en que “el informe técnico fue aceptado por todos los miembros de la mesa de contratación sin ninguna discrepancia”, además de que no medió “ninguna reclamación por parte de los licitadores”.
La consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, se ha referido por su parte al informe de la OANA sobre el contrato de adjudicación de las obras de reforma de las oficinas del pabellón Navarra Arena por 4,9 millones de euros.
Según ha comentado la consejera, en la investigación de la OANA «no se ha encontrado ninguna irregularidad en la tramitación del expediente, encontrándolo ajustado a la Ley de Contratos Públicos».
Ha tomado la palabra asimismo el director gerente de la Corporación Pública Empresarial de Navarra, Francisco Fernández, quien ha afirmado que en la adjudicación de viviendas protegidas de 2018 se respetaron “los principios esenciales de la contratación pública”, aunque en efecto falte alguna documentación, y la de 2022 se ajustó a la normativa.
