Pamplona(EFE).- El convenio económico que la Comunidad foral mantiene con el Estado y rige su financiación es “la piedra angular de nuestro autogobierno” y se sustenta en el pacto. Lejos de ser un “privilegio fiscal”, supone “una mayor responsabilidad para Navarra”.
Lo ha dicho la presidenta María Chivite en la apertura de la jornada informativa organizada sobre este instrumento financiero que desde el siglo XIX define las aportaciones de Navarra al Estado. También, derivado de sus derechos históricos, la autonomía fiscal para organizar impuestos y financiar los servicios públicos de su competencia.
En declaraciones a los periodistas, ha reconocido que el convenio “es algo complejo desde el punto de vista técnico”, aunque lo que se pretendía con la jornada era hacer “una labor pedagógica de lo que significa, quizás no tanto para Navarra como para fuera de nuestra comunidad, donde creo que no es entendido o es entendido de una manera no muy solidaria”.
Al respecto, presidenta ha defendido que el Convenio “es solidario, es un acuerdo entre dos partes, es un pacto. Y además el Gobierno de Navarra utiliza los acuerdos del convenio para mejorar las prestaciones de sus servicios y mejorar nuestros servicios públicos”.
Labor de pedagogía del convenio
“Esa labor de pedagogia hay que hacerla para dentro, para lo que sirve, pero sobre todo para fuera, para defender que eso no es algo insolidario, sino que es un ejercicio de responsabilidad del Gobierno de Navarra, de todos los gobiernos que han estado al frente, para con sus recursos públicos. Y que también somos solidarios con el resto del Estado a través de esas competencias no transferidas por las que seguimos trabajando con el Gobierno de España”, ha dicho.
“Esto es un acuerdo, un pacto, una bilateralidad, con el objetivo de mejorar y dar mejores servicios a la ciudadanía navarra”, ha zanjado la presidenta. En el acto de inauguración de la jornada ha considerado el Convenio como una “herramienta esencial en la generación del bienestar” en la Comunidad Foral.
Durante su intervención, Chivite ha remarcado que el Convenio “permite sostener unos servicios públicos de calidad” en favor de la ciudadanía. “Es una herramienta eficaz, porque Navarra sigue siendo la comunidad donde disfrutamos de la mejor calidad de vida de España”, ha señalado.
Asimismo, ha explicado que este instrumento financiero conlleva la “responsabilidad de diseñar políticas fiscales propias, y el sostenimiento unilateral del grueso de los servicios públicos sin contar con la responsabilidad solidaria del Estado”.
La Presidenta ha recordado que el Convenio, “piedra angular de nuestro autogobierno”, se basa en un pacto entre Navarra y el Estado. Ha sobrevivido “porque ha sabido adaptarse a las circunstancias históricas en cada una de sus cinco ediciones”.
En la jornada, que cierra la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, han participado representantes de diferentes actores sociales y económicos. Han asistido a las explicaciones de responsables y ex-responsables del departamento sobre esta materia.
Así, el pasado 2 de diciembre las delegaciones de Navarra y el Estado, firmaron en Pamplona la actualización del quinquenio 2020-2024 del Convenio Económico. En él se fijó la aportación de Navarra del año 2020 en términos netos en 431,3 millones de euros.
Asimismo, de cara a los próximos años, la aportación neta a pagar por Navarra estará marcada por el importante crecimiento que están experimentando los ingresos tributarios en los últimos ejercicios. De este modo, se prevé una aportación neta de 580,3 millones en 2021, y de 621,5 millones como provisional a pagar en 2022.
Deriva de los derechos históricos de Navarra
El Convenio Económico es el sistema de financiación propio de Navarra, que deriva de sus derechos históricos, que se encuentran amparados por la Constitución.
La Hacienda foral tiene la potestad para establecer y recaudar los impuestos correspondientes a su territorio, y con los ingresos obtenidos financia los servicios públicos de su competencia (sanidad, educación, políticas sociales o carreteras).
Por otra parte, mediante una contribución conocida como aportación económica, satisface al Estado el importe correspondiente a las competencias que no tiene asumidas y que, por tanto, la Administración central presta en su territorio.
Para regular este sistema, el Convenio establece y armoniza las relaciones tributarias y financieras entre Navarra y el Estado, y fija el mecanismo para calcular la aportación económica.
Convenio desde mediados del siglo XIX
Este sistema surgió a mediados del siglo XIX, cuando Navarra perdió su condición de Reino y se integró en lo que podría denominarse como mercado único español. En sus más de 170 años de existencia, ha coexistido con regímenes políticos y tributarios de toda clase, hasta adaptarse a las exigencias establecidas por la Unión Europea para el mercado común europeo.
Según ha explicado el Ejecutivo foral, el Convenio Económico tiene su origen en la Ley de Modificación de Fueros de 1841, que se promulgó tras la primera Guerra Carlista para integrar el régimen privativo de Navarra dentro de la estructura del Estado. Esta modificación se llevó a cabo con la participación de Navarra, de ahí que también se le conozca como Ley Paccionada.
En la práctica, supuso la desaparición del Viejo Reino, que pasó a convertirse en una provincia más, pero conservando una amplia autonomía. En lo económico, mantuvo la capacidad para establecer y recaudar sus propios tributos, aunque con límites.
Desde entonces, Navarra y el Estado han acordado cinco convenios para adaptar el régimen foral al escenario político y socio-económico de cada momento. Han sido en 1877, 1927, 1941, 1969 y el último en 1990, cuyo texto continúa vigente.
