Pamplona (EFE).- La Cámara de Comptos considera en un informe fiscalizador que en el acuerdo de 2020 entre Sodena, la CEN y Albyn Medical S.L.para la compra de mascarillas todas las partes son “corresponsables de las deficiencias del acuerdo” y, por tanto, “tienen que asumir las respectivas responsabilidades, tanto las obligaciones contempladas como las no establecidas y que debieron preverse”.
Tras señalar que “no existe una solución jurídica única irrefutable”, Comptos subraya que judicializar el asunto “dificultaría dar salida al material antes de que caduque”, lo cual “no sería entendible y resultaría contrario al interés general”.
El informe aconseja por ello que se llegue a un acuerdo entre las partes, para lo que sugiere la vía de la mediación o arbitraje, que se dé salida al stock de mascarillas antes de que caduquen y que Sodena en futuras actuaciones “asegure la mayor protección posible de los fondos públicos empleados”.
En sus conclusiones, el órgano fiscalizador destaca “el excepcional contexto” en que se produjo la operación para proveer de material de protección a pymes, micropymes y autónomos, y la naturaleza “compleja y atípica” de la misma, y al respecto indica que las relaciones entre los firmantes “no son independientes y están íntimamente ligadas”, e insiste por ello en que “el acuerdo no puede fraccionarse en partes, porque esta operación debe ser entendida como un todo”.
Sodena debería haber solicitado autorización previa
Considera así que Sodena “debería haber solicitado autorización previa” al Ejecutivo para formalizar el acuerdo pero sin embargo entendió que estaba amparada por el acuerdo de Gobierno de febrero de 2020 que le autorizaba a conceder préstamos durante ese año hasta un límite de diez millones, por lo que reitera “la excepcionalidad del contexto y la transparencia con la que se formalizó el acuerdo”.
Comptos apunta asimismo varias “deficiencias” en el acuerdo, entre las que cita que “no existía un compromiso formal por parte de las empresas para adquirir las mascarillas que Albyn compró siguiendo las estimaciones de las propias empresas”.
Y añade que “tampoco se planteó cómo resolver eventuales contratiempos que pudieran alterar los planes previstos” y que “el acuerdo no incluía garantías suficientes para una protección debida de los fondos públicos implicados en el mismo”.
Comtpos enmarca la operación auditada en un contexto de “desabastecimiento” de EPIs frente al coronavirus, “incluso en el ámbito sanitario”, lo que llevó a la firma de este “acuerdo de colaboración y apoyo financiero” entre Sodena, la Confederación Empresarial de Navarra y la empresa Albyn “con el fin de crear un canal seguro y fiable de suministro”.
El SNS-O no firmó el acuerdo
En él, precisa, “la CEN se comprometía a recopilar la estimación que las empresas hacían sobre su necesidad de material y se la trasladaba a Albyn, que adquiría las unidades y recibía la financiación de Sodena para hacer los pagos anticipados que se exigían en aquel contexto”.
Según puntualiza el informe, “posteriormente (la CEN) trasladaba los pedidos en firme a Albyn a petición de las empresas y les entregaba el material. Albyn debía emitir la factura a la CEN, que la abonaba previo cobro a las empresas. Tras cobrar el importe de la CEN, Albyn tenía que devolver la parte correspondiente de la financiación que SODENA le había adelantado”.
Indica asimismo que aunque inicialmente Salud se haría cargo del posible excedente, finalmente no fue así porque el SNS-Osasunbidea decidió no firmar el acuerdo “al considerar que no se concretaban claramente las necesidades de las empresas ni el compromiso que asumía la CEN”, por lo que solo firmó una adenda para la compra de material en supuestos muy concretos.
“Ninguno de los firmantes del acuerdo se ha hecho responsable del stock”
En este escenario es en el que Comptos indica que Albyn recibió una estimación de necesidades de 2.149.752 mascarillas y adquirió una cifra ligeramente inferior, 2.136.700, con un margen neto para la empresa por este acuerdo de 496 euros.
Sin embargo la caída de los precios de las mascarillas hizo que las empresas no adquirieran la cantidad prevista sino unicamente 364.280, lo que dejó un stock de 1.745.600 mascarillas valorado en 1,8 millones de euros a precio de adquisición, aunque en la actualidad, según estimaciones de Albyn, sería de 126.600 euros.
A día de hoy “ninguno de los firmantes del acuerdo se ha hecho responsable del stock”, asevera la Cámara, que apunta que una pequeña parte de las mascarillas almacenadas (11.520) caducaron en agosto y el resto caducarán entre abril de 2023 y febrero de 2024, sin que en “los intentos de dar salida a este material haya habido acuerdo entre las partes”, incluidos informes jurídicos solicitados y cuyas conclusiones “difieren sustancialmente”.
