Madrid (EFE).- El juez del caso mascarillas tomará declaración este viernes al empresario Alberto Luceño como investigado por un posible fraude a Hacienda en 2020 y por falsedad en documento oficial, acusaciones que se suman a los delitos por los que ya era investigado por presuntamente estafar al Ayuntamiento de Madrid al suministrar material sanitario.
Este empresario ya era investigado, junto a Luis Medina, por los presuntos delitos de estafa, blanqueo y falsedad en documento mercantil, al embolsarse entre ambos más de 6 millones de dólares en tres contratos para vender material sanitario al Ayuntamiento de Madrid al inicio de la pandemia, en marzo de 2020, por los que el Consistorio pagó 11,9 millones.
Luceño declara este viernes después de el magistrado Adolfo Carretero ampliara recientemente la imputación sobre él por un posible delito agravado contra la Hacienda Pública y otro delito de falsedad en documento oficial cometido por particular.
Una decisión que adoptó después de que Anticorrupción pidiera incorporar a la causa un escrito de la Agencia Tributaria que desvelaba que el empresario “había dejado de ingresar en las arcas públicas en relación al IRPF de año 2020 la cantidad de 1.351.386 euros, como consecuencia de las operaciones de intermediación investigadas en el presente procedimiento”.
El magistrado también ha citado este viernes como testigo a la jefa del equipo de investigación de la Agencia Tributaria que hizo ese informe.
En ese auto, el juez explica que Luceño no pudo imputar sus ingresos a la sociedad Takamaka Invest “porque no estaba constituida al momento de hacer las operaciones”, y por lo tanto aprecia “indicios de la comisión de un delito fiscal agravado del que habla el Ministerio Público”.
Sobre el delito de falsedad en documento oficial, el magistrado argumenta que en el registro practicado en la casa del empresario se intervino una placa falsa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y ahora la investigación “debe ampliarse a la manipulación de una serie de documentos” firmados por el alcalde de la capital y otros cargos municipales.
Ya el pasado mes de enero, al constatar la Policía la falsedad de los efectos encontrados en casa de Luceño, el juez decidió ampliar la investigación sobre él, en otro auto en el que explicaba que el empresario “parece distorsionar su actividad y profesión para facilitar el presunto engaño realizado al Ayuntamiento de Madrid en el negocio criminalizado que se investiga”.
