Vitoria ene (EFE).- Los exdirigentes del PNV alavés Alfredo de Miguel y Koldo Otxandiano, han sido apartados de sus funciones en las entidades públicas vascas en las que trabajan. Este hecho se produce un día después de que el Tribunal Supremo confirmara sus condenas por cobrar comisiones aprovechándose de su pertenencia a este partido político.
Ambos deberán ingresar en prisión, aunque el requerimiento para ello podría demorarse varias semanas, han explicado a Efe fuentes jurídicas.
Fueron condenados en 2019 junto con otras 13 personas por la Audiencia Provincial de Álava por crear una red societaria y personal para obtener irregularmente contratos públicos de administraciones gobernadas por PNV y cobrar comisiones.
El Supremo ratificó este martes con ligeras rebajas las condenas impuestas por el tribunal alavés a los principales implicados. Además, absolvió a al expresidente de los Parques Tecnológicos del País Vasco, Julián Andrés Sánchez Alegría.
Apartados de sus trabajos
Apenas 24 horas después de que la condena sea firme el Gobierno Vasco ha apartado a De Miguel de su trabajo en la Fundación Hazi y a Otxandiano del suyo en el Parque Tecnológico de Miñano. Sus despidos sin embargo aún no se han hecho efectivos.
Precisamente las “labores de representación” que ejercía De Miguel en Hazi han sido recientemente criticadas por los partidos de la oposición. También las censuró el PSE, socio del PNV en el Ejecutivo autonómico.
El Gobierno Vasco negó entonces que De Miguel desempeñara dichas funciones. Además explicó que no podía tomar ninguna decisión sobre su situación laboral porque la sentencia no era firme.
Finalmente ayer, más de 13 años después de iniciarse la investigación, el Supremo ratificó las condenas. Y ayer mismo el Departamento de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, del que dependen tanto Hazi como el Parque Tecnológico, comunicó a De Miguel y Otxandiano la decisión de despedirlos.
Hoy “están en sus casas”, ha desvelado Arantxa Tapia. “Si tienen alguna tarea que finalizar la finalizarán” pero “no tiene ningún sentido ni encomendarles nuevas tareas ni nuevas actuaciones”, ha añadido.
Serán despedidos “a la mayor brevedad”
La consejera ha explicado que cuando todo esté “jurídicamente bien armado” serán despedidos “a la mayor brevedad, cuanto antes mejor”.
Por su parte, el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha ensalzado la “impecable” actuación de la Ertzaintza en este caso. Sus investigaciones han contribuido “a hacer posible la sanción y el castigo de conductas irregulares y claramente delictivas”, ha valorado.
Ha asegurado además que el Gobierno Vasco ha sido “firme” para que se devuelva hasta “el último céntimo de euro” que haya causado perjuicio a las arcas públicas. Asimismo ha dejado claro que los delitos han de ser perseguidos y castigados “independientemente de la vinculación política” de los infractores.
La vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, la socialista Idoia Mendia, ha subrayado que los socios del Ejecutivo comparten un “mismo código ético”. La sentencia, ha declarado, constata “conductas reprochables que no tienen lugar ni cabida desde el punto de vista ético, por lo tanto la actuación es ejecutar la sentencia” (y despedir a De Miguel y Otxandiano).
Críticas de la oposición
Desde la oposición, EH Bildu ha denunciado la “falta de medios” policiales y judiciales para investigar posibles casos de corrupción. “¿Cuántos De Migueles ha podido haber y hay en este país”, se ha preguntado el parlamentario Josu Estarrona.
El político abertzale se ha mostrado además convencido de que “el propio PNV es el que está implicado en esta trama”. “No se puede decir que el PNV no tenía nada que ver cuando ellos mismos (los condenados) eran el PNV”, ha apuntado.
La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha llamado a hacer frente a la “batzokización” de las instituciones vascas tras cuarenta años de gobierno del PNV.
Este caso “pone de manifiesto que en Euskadi existen espacios institucionales para el amiguismo, que es la base de la corrupción”. “El PNV es experto en clientelismo y no se ha mostrado activo para erradicarlo”, ha afirmado.
Por su parte el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha pedido un castigo electoral al PNV y dimisiones en la dirección del Partido Nacionalista por este caso.
A su juicio es “imposible” que las actividades de De Miguel y su trama “fueran desconocidas por la cúpula del PNV”. Este partido, ha añadido, “ha estado cubriendo y promocionando a De Miguel” en “chiringuitos” de la Administración vasca.
El ingreso prisión no será inmediato
Fuentes jurídicas han explicado que el ingreso en prisión de los condenados podría demorarse dos o tres semanas o incluso un mes hasta que el Supremo remita la sentencia con todo el expediente a la Audiencia alavesa.
Cuando la reciba emitirá un requerimiento para el ingreso en prisión salvo que existan recursos extraordinarios.
Aunque la sentencia del Supremo es firme cabe los abogados de los principales acusados aún pueden presentar un recurso ante el Constitucional, pedir un indulto e incluso recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Aunque que por el momento ninguno de ellos contempla. “Es una posibilidad bastante remota” ha reconocido alguno de los letrados defensores.
