Ibiza (EFE).- El Ayuntamiento de Ibiza, a través de la Policía Local, se dispone a desalojar el asentamiento de caravanas ubicado en el solar de Sa Joveria, donde se han instalado trabajadores que sufren la carestía de la vivienda en la isla.
Los ocupantes que todavía resisten, habitantes de una veintena de caravanas, temen que el desalojo se produzca este sábado, 23 de marzo, cuando se cumplen quince días desde que pasó la Policía Local y marcó sus coches y caravanas con pegatinas de ‘estado de abandono’, con la advertencia de volver en dos semanas para multar y retirar los que aún permanezcan en el solar.
No a asentamientos cerca de centros educativos y sanitarios
De los 53 vehículos y caravanas identificados por la Policía Local, muchos ya se han ido, según ha explicado uno de los ocupantes mientras preparaba su mudanza a otro solar: “Nos seguiremos yendo. Han dado órdenes a las grúas para llevarse las caravanas que son vivienda de gente”, ha asegurado este joven que evita decir su nombre “porque esto es muy chico”.
En su opinión, la decisión de desalojar surge de la moción presentada por el PSOE al Consistorio en el pleno de enero para que se impidan los asentamientos en entornos educativos y sanitarios, y que se actúe antes de final de marzo para evitar que se instalen más caravanas antes de la temporada turística. La iniciativa afecta de lleno a este asentamiento que se encuentra justo detrás de un colegio y del hospital de Can Misses.
En las caravanas no sólo viven trabajadores, como empleados del hospital, del colegio, bomberos y panaderos, sino también personas con problemas graves de salud, como un hombre que espera una operación de corazón, otro enfermo de cáncer terminal y una joven con problemas psiquiátricos, además de emigrantes irregulares que no pueden empadronarse ni trabajar de forma legal.
“No nos dan solución de poder pagarnos un piso con nuestro salario, con lo que nosotros ganamos en nuestro trabajo. Es una impotencia que no tiene palabras, yo he caído enferma ya”, explica la joven que esta misma semana ha estado ingresada en psiquiatría. Vive en una caravana con su madre, una mujer residente en la isla desde hace 30 años. Las echaron de su piso hace dos meses y encontraron como solución comprarse la caravana: “Yo no me voy a ir, me voy a quedar”, ha advertido la madre.
Denuncian una presión silenciosa
Lo mismo hará Sofía Flores, camarera de piso residente en la isla durante todo el año y una de las primeras que se instaló en el terreno durante la pandemia: “Yo no voy a salir, no me voy a mover para nada”.
“¿Por qué tienen que sacar gente que en realidad está cuidando el sitio? Este sector está más limpio que la ciudad”, ha lamentado Flores, y ha asegurado que las caravanas que se han ido tras la advertencia policial es “porque no tienen el seguro del coche”.
“Hacen una presión silenciosa: un día viene una grúa, otro día pegan papeles y dicen que sacaron 5 toneladas de basura, que es mentira”, ha apuntado, Gabriel Pizarro instalado con su hijo desde hace 11 meses en este asentamiento.
Ha contado que los servicios sociales del Ayuntamiento de Ibiza “pasaron, dejaron las tarjetitas y se fueron”, pero fueron al Centro de Acogida Municipal y no les atendieron.
El coste de los alquileres anuales o de temporada para trabajadores lleva disparado desde hace casi una década en Ibiza, en buena medida por el alquiler turístico ilegal, y pese a los anuncios de las administraciones los precios suben y muchos trabajadores se ven expulsados del mercado inmobiliario.
Para este verano, además de que la oferta es cada vez más limitada, el precio por una habitación individual en un piso compartido ronda los 800 euros al mes, 1.700 euros los pisos de una habitación, de 2.500 a 3.500 euros los de dos habitaciones y a partir de 3.000 euros de tres habitaciones.
Otras fórmulas para alojar a los empleados
Mientras tanto, las empresas y los hoteles buscan fórmulas para alojar a sus empleados y para cubrir las plantillas en temporada turística. Desde Palladium Hotel Group han señalado que la falta de vivienda es un problema que comparten “prácticamente todas las empresas de la isla desde hace algunos años” y que tratan de afrontarlo ofreciendo vivienda a sus trabajadores “dentro de un inventario limitado o con “ayudas económicas en ciertos casos”.
Con una media de 4.500 trabajadores, el grupo hotelero ha iniciado este año los procesos de selección antes de lo habitual y tiene una previsión “positiva” de cubrir toda la plantilla.
Las pymes también notan la dificultad de contratación por la falta de vivienda, lo que les ocasiona además falta de personal cualificado. El año pasado, el 35 % de los asociados a la patronal del sector debieron pagar el alquiler de la vivienda a sus trabajadores.
El Ayuntamiento de Ibiza no ha respondido a la consulta sobre el desalojo y la situación del asentamiento.
