Una bandera trans en una imagen de archivo en el Congreso. EFE/Luca Piergiovanni

Ley Trans: Un condenado por violencia machista intenta evitar la cárcel con un cambio de sexo

Sevilla (EFE).- Un ciudadano sevillano condenado a 40 meses de prisión por violencia de género a sus dos últimas parejas se ha inscrito en el Registro Civil como mujer y ha pedido el indulto para no entrar en la cárcel, argumentando que su nueva vida como mujer le hace ser “una persona nueva”, distinta a la que cometió los hechos por los que fue condenado.

¿Puede lograr su propósito? La vigente ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI lo impide.

El artículo 46 lo contempla expresamente, en concreto los puntos 3 y 4 del mismo. El primero de los citados indica que “la rectificación de la mención registral relativa al sexo, y en su caso el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción (…) fuera aplicable a la persona a los efectos” de la ley contra la violencia de género de 2004.

El punto 4 del artículo 46 de la ‘ley trans’ ahonda en ello, ya que, tras señalar que un cambio de sexo de masculino a femenino conllevará el beneficio de las medidas de la ley de igualdad de 2007, remarca este matiz: “pero no respecto de las situaciones jurídicas anteriores a la rectificación registral”.

Dos condenas anteriores al cambio de sexo

La abogada María José Atoche, que se encargó de la defensa de las dos mujeres maltratadas, ha explicado a EFE que sus defendidas y ella misma han conocido el caso debido al recurso que ha presentado esta persona de Sevilla en el juzgado, con el fin de evitar entrar en prisión y tras serle rechazado el primero presentado en su día.

El caso se ha publicado en medios de comunicación y el debate en torno a la ‘ley trans’, a si permite o no un intento como el descrito, se ha reabierto en redes sociales.

El acusado cuenta con dos sentencias en contra, aunque la segunda ya es firme y le condena a la citada pena, pero en julio pasado acudió al Registro Civil y se dio de alta con el nombre de Milan (su verdadero nombre es Antonio), alegando que se siente mujer a pesar de haber nacido hombre.

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Vista de archivo de una manifestación del Orgullo en Madrid. EFE/Luca Piergiovanni

Lo hizo al amparo de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida como ‘Ley Trans’, que recoge en su artículo 43 que toda persona mayor de 16 años de nacionalidad española podrá solicitar en el Registro Civil el cambio registral de su sexo sin que sea necesario para ello presentar informes médicos o psicológicos ni someterse a un proceso médico de cambio de sexo.

Sin indicios anteriores de querer cambiar de sexo

Con esta premisa ha pedido un indulto contra el que Atoche lamenta no poder hacer nada por el momento, a la espera de que le sea trasladado el recurso de apelación y abrirse el plazo de impugnación.

La abogada de las dos mujeres ha asegurado que el condenado no presentó nunca rasgo o indicio de querer cambiar de sexo legalmente, “e incluso en el proceso judicial pasó por dos pruebas psiquiátricas y nunca mostró circunstancia alguna parecida”, además de que en el juicio alegó que sufría una psicopatía, lo que quedó descartado.

Las mujeres mantuvieron una relación con el ahora condenado hace cuatro años, y sostienen que en ocasiones al mismo tiempo y sin saberlo, y tras conocerse presentaron sendas denuncias contra él el 31 de enero de 2019, por malos tratos, lesiones, coacciones o vejaciones.

Con dispositivo de alejamiento

La abogada explica que quebrantó las dos órdenes de alejamiento y estuvo ocho meses en prisión preventiva, además de que inicialmente se le condenó a ocho meses de prisión y a trabajos en beneficio de la comunidad.

Ahora lleva un dispositivo electrónico que controla que no se acerque a una de ellas, lo que dejará de estar en vigor en 2024.

En el caso de la otra víctima, el juicio tuvo lugar el pasado marzo, mismo mes que se dictó la sentencia, confirmada por la Audiencia de Sevilla, que le rebajó unos meses de pena, uniendo a la pena de prisión el pago de 8.000 euros, de los que ha abonado hasta ahora solo la mitad.