María Traspaderne y Fatima Zohra Bouaziz |
Nador (Marruecos) (EFE).- Un año después de la muerte de al menos 23 migrantes al intentar cruzar la frontera de Marruecos a la ciudad española de Melilla, en el norte de África, las organizaciones de derechos humanos tienen más preguntas que respuestas: ¿Cuántos muertos hubo realmente? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Y los cadáveres? ¿Se juzgó a los migrantes sobrevivientes en condiciones justas?
Drama el 24 de junio de 2022
El drama ocurrió el 24 de junio de 2022 en el paso fronterizo del Barrio Chino, cuando alrededor de 2.000 migrantes, la mayoría sudaneses, bajaron desde el cercano monte marroquí del Gurugú hasta la frontera para cruzarla, en el intento más mortal que se recuerda en Melilla.
Desde entonces, Nador, la localidad fronteriza marroquí en cuyos montes se escondían cientos de subsaharianos para cruzar a Melilla, se ha convertido en una “ciudad non grata” para las personas migrantes, que buscan otras rutas para llegar a Europa ante el férreo control policial puesto en marcha por Marruecos tras la tragedia.
Investigaciones contradictorias
El responsable de migraciones de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), Said Tbel, cree que en el aniversario de la tragedia hay todavía muchas incógnitas sobre lo que pasó.
Las autoridades marroquíes situaron en 23 los fallecidos, de los que solo se ha identificado a uno: un hombre de Sudán enterrado con presencia de su familia en el cementerio Sidi Salem de Nador.
La AMDH de Nador aumenta los muertos a 27 y habla de 64 desaparecidos y Amnistía Internacional cree que hubo 37 muertos y 76 desaparecidos, unas cifras que desde el Ministerio del Interior marroquí tachan de “infundadas”.
¿Dónde están los desaparecidos?
“¿Dónde están los desaparecidos? ¿Se han ido algunos? ¿Se les ha expulsado del país? ¿Están muertos?”, se pregunta Tbel. Según Amnistía, algunos murieron en el proceso de traslado de los cientos de detenidos el 24J a otras ciudades del país. “Todo eso se debe aclarar”, dice Tbel.
Según este activista, entre tres y cuatro familiares, residentes en Europa, han viajado este año a Nador a identificar a sus muertos, y una decena de familias lo han hecho desde la distancia. “No sabemos qué ha pasado con los cuerpos. ¿Los han enterrado o esperan ser identificados?”, es otra de sus preguntas.
Fuentes jurídicas apuntan a que los 22 cadáveres oficiales podrían estar en la morgue del Hospital Hassani de Nador, una información que no han ofrecido las autoridades.
Frank Iyanga, secretario general de la Organización Democrática de Trabajadores Inmigrantes (ODTI), denuncia además las condiciones en las que 61 migrantes fueron condenados a hasta 3 años de cárcel por el 24J y decenas más detenidos y condenados en las redadas de los días previos y de los meses posteriores. “Los juicios no se desarrollaron en buenas condiciones”, critica.
Para ambos activistas, hace falta una investigación exhaustiva del 24J, puesto que, destaca Iyanga, la oficial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Marruecos y las de organismos como la AMDH o Amnistía Internacional “son contradictorias”.
La primera habla de un uso de la fuerza proporcional y de una investigación de la Fiscalía marroquí (de la que se desconocen los resultados), mientras que las segundas denuncian fuerza excesiva. Hay, según Tbel, “demasiadas versiones de lo que pasó”.
Dificulates para circular, trabajar y vivir
Doce mese después, en las calles de Nador ya no se ven subsaharianos. Vecinos, activistas y autoridades concuerdan en que el refuerzo de la seguridad y las redadas constantes han mermado su población.
“Nador se ha convertido en una ciudad non grata para ellos. Es muy difícil verlos. La vida de un emigrante, tanto en Nador como en la región oriental, es muy complicada, tienen dificultades para circular, encontrar un trabajo y un hogar”, dice Iyanga.
Eso hace que estén buscando caminos alternativos y muchos, afirma, se van a las costas del sur de Marruecos y del Sáhara Occidental para coger una patera rumbo a las Islas Canarias españolas, una ruta por el Atlántico especialmente peligrosa.
Otros, según ellos mismos han relatado a EFE y confirman otras asociaciones, optan por volver a Argelia en un camino de retorno para intentar cruzar por mar desde ese país o desde Túnez, ya que hacerlo en patera por el norte de Marruecos es muy caro -entre 6.000 y 8.000 euros por persona-.
En el paso fronterizo donde ocurrió todo, las vallas rotas por el peso de los migrantes siguen caídas y hacen difícil olvidar la tragedia a los vecinos. Según cuentan a EFE, antes presenciaban algunas noches saltos por parte de grupitos de subsaharianos, pero desde el 24J ya no se ven, una impresión que comparte una autoridad local.
“Hay muchos militares, se ha reforzado mucho la seguridad. Ya no les dejan acercarse”, explica Alí (nombre ficticio), que ha visto cómo una valla casi inexistente en su infancia alcanza ahora los 10 metros de altura.
