Vitoria, 1 dic (EFE).- La ley que regulará la actividad de más de 100.000 empleados públicos vascos y que abre la puerta a que los ciudadanos extracomunitarios trabajen en determinadas áreas de la Administración como Osakidetza y la Ertzaintza ha sido aprobada por el Parlamento de Vitoria.
La nueva Ley de Empleo Público de Euskadi ha salido adelante con el apoyo de los grupos que integran el Gobierno Vasco y la abstención de PP+Cs, mientras que EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y Vox han votado en contra.
El texto aprobado sustituye a la ley en vigor desde 1989. En ellas se define el régimen jurídico y se regulan los instrumentos de gestión del empleo público en Euskadi aunque cada institución podrá adaptarlos a sus necesidades.
Una de las principales novedades es que en uno de sus artículos abre la posibilidad a que trabajadores procedentes de países de fuera de la Unión Europea y que no tengan la nacionalidad española puedan trabajar en la Administración pública en Euskadi atendiendo a “necesidades objetivas”.
La anterior ley no lo permite y en la que hoy ha salido adelante se recoge que podrán hacerlo en determinados ámbitos si se aprueba previamente una “ley sectorial” para ello.
La consejera de Gobernanza Pública, Olatz Garamendi, ha señalado que esta norma “es un paraguas” para que estos ciudadanos puedan entrar en el funcionariado vasco.
Para EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU ,sin embargo, la ley se ha quedado corta a la hora de perseguir ese objetivo.
Leyes sectoriales para la nacionalidad
En concreto, la norma señala que cada administración o área afectada tendrá que impulsar una ley sectorial en la que se “exima del requisito de la nacionalidad por razones de interés general para el acceso de personal funcionario en determinados ámbitos o sectores”.
Entre estos sectores destaca Osakidetza, donde se acota a los puestos de médico especialista y a personal de enfermería.
También abarca a los trabajadores de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, y a plazas de ertzainas y policías locales en las que se requiera el conocimiento de lenguas extracomunitarias.
Méritos, igualdad y euskaldunización
Entre otros aspectos la ley plantea diferentes modalidades para que los funcionarios puedan ir progresando dentro de la Administración. Contempla la figura de la Dirección Pública Profesional para que, mediante procedimiento público y con valoración de méritos, se puedan realizar los nombramientos del nivel directivo.
Incorpora además principios de igualdad de género, con medidas como la posibilidad de cambiar el puesto de trabajo a otra localidad en caso de violencia de género. También recoge la igualdad lingüística, con “una administración euskaldun que desarrolle sus funciones igual que lo hace en castellano”.
Recoge asimismo la convocatoria de procesos de selección independientes para personas con discapacidad intelectual.
A iniciativa de PP+Cs contempla además la creación de la escala de puestos de trabajo de Instituciones Penitenciarias, que facilitará que estas plazas salgan a concurso público.
Oportunidad perdida para la oposición
Desde el PNV, Estíbaliz Larrauri ha subrayado que la ley define un “nuevo modelo de empleo público”. Ha recordado que la decisión de dejar para leyes sectoriales la entrada de trabajadores extracomunitarios responde a razones “exclusivamente jurídicas”. Ha lamentado por ello “las lecturas interesadas de algunos grupos”, en referencia a EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, a los que ha reprochado sus “posiciones maximalistas”.
La socialista Miren Gallastegui ha defendido que la norma avala un modelo de empleo público con “elementos innovadores” y que será “más eficaz” porque “blinda los servicios públicos”.
La parlamentaria de la coalición abertzale Pacis García ha cuestionado los beneficios de una ley que “sale sin el consenso” ni sindical ni de la oposición. Ha criticado que no da pasos hacia la euskaldunización y ha advertido de que “no corrige la anomalía” que a su juicio supone que los ciudadanos de fuera de la Unión Europea no puedan trabajar en las administraciones públicas.
En la misma línea, Jon Hernández (Elkarrekin Podemos-IU) ha considerado que la norma contiene “carencias” para plantear soluciones a problemas coyunturales del empleo público. Ha lamentado que “se ha perdido una oportunidad” para que personas sin nacionalidad española accedan a la Función Pública ya que lo acota a plazas muy específicas.
José Luis Gordillo (PP+Cs) también ha considerado que el texto supone una “oportunidad perdida” al ser “antiguo” y en materias como la euskaldunización no introduce “ni pasos adelante ni para atrás”.
Por último, Amaia Martínez ha considerado que no acaba con la interinidad y que es un ejemplo de las diferencias de condiciones laborales y salariales entre los funcionarios autonómicos y los del Estado. EFE
