Vitoria, 2 dic (EFE).- El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido revisar la ley del “solo sí es sí” si su aplicación ha favorecido o puede favorecer de forma generalizada a los agresores sexuales y crea inseguridad jurídica.
Urkullu ha respondido en el pleno de control a la parlamentaria del PP+Cs, Laura Garrido, quien ha censurado las consecuencias “indeseables” de un “despropósito” de ley que ha, recordado, contó con el apoyo del PNV en el Congreso para salir adelante.
La ley de garantía integral de la libertad sexual acabó con la distinción entre abuso y agresión sexual al establecer que todo acto sexual sin consentimiento es una agresión. Pero también trajo una reducción en las horquillas de algunas penas en sus tramos mínimos que ha conducido a las defensas de agresores sexuales a solicitar la revisión de sus condenas.
El lehendakari ha asegurado en el Parlamento Vasco o que valora el “espíritu que anida” en esta norma, que se aprobó, ha indicado, con un “amplio respaldo parlamentario” y en respuesta a una “demanda social muy extendida”.
Consecuencias indeseadas
Ha reconocido sin embargo que se han producido “consecuencias indeseadas” en su aplicación. Ha recordado que él ya ha apelado a la necesidad de buscar una solución “urgente” basada sobre todo en garantizar el objetivo de la ley de “ofrecer mayor protección” a las mujeres.
Así ha dicho que esa solución debe buscarse a través de la unificación de la doctrina, o bien modificando la ley o con ambas iniciativas a la vez.
“A corto plazo me he manifestado a favor de que los órganos jurisdiccionales llegaran a una interpretación única de manera inmediata. A medio plazo debe estudiarse con detenimiento la ley y sus efectos indeseados para su eventual modificación en caso de que fuera necesario, y a largo plazo nos corresponde seguir trabajando con el TSJPV para la mejora continua en la formación con perspectiva de género”, ha resumido Urkullu.
“Lo importante, -ha continuado-, es que si su aplicación práctica ha favorecido o puede favorecer de forma generalizada a los agresores habrá que revisar los aspectos que lo están posibilitando. Si crea inseguridad jurídica y si hay distorsiones, habrá que revisarla”, ha concluido.
Garrido ha insistido en que el PP ya alertó de las consecuencias de esta norma en el Congreso, ha afirmado que la situación creada no es seria y que por ello los populares reclaman el cese de la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la que ha calificado de “indigna”.
La representante popular ha criticado que el PNV siga “apoyando” a un Gobierno en “caída libre y errático”. EFE
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