Bilbao (EFE).- Los centros escolares públicos y concertados de Euskadi deberán aplicar un conjunto de medidas para abordar la segregación escolar, entre ellas, reservar un número fijo de plazas para alumnado vulnerable.
Estas plazas no podrán ser ocupadas por estudiantes que no cumplan dicho supuesto aunque queden vacantes.
El planteamiento global se basa en el desarrollo de un proceso que, comenzando desde la entrada a las aulas de 2 años, vaya, curso a curso y de manera progresiva, extendiéndose a lo largo de todo el sistema educativo; de forma que en ningún caso se plantee que el alumnado actualmente escolarizado en un centro tenga que moverse a otro.
Esta es una de las decisiones aprobadas por el Gobierno Vasco, que se implementarán a partir del próximo febrero y afectarán al curso 2023-2024, según ha explicado este lunes la viceconsejera de Educación, Begoña Pedrosa.
Pedrosa ha comparecido ante los medios junto al director de Centros y Planificación, Eugenio Jiménez, y el director del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa, Eduardo Ubieta.
Este paquete de medidas persigue mejorar en “la distribución desigual del alumnado en centros escolares por razón de sus características personas, sociales, culturales, económicas o por su origen”, ha aclarado Pedrosa.
El motivo es que la actual distribución no coincide con la composición socioeconómica y cultural de la población del área en la que se encuentran dichos alumnos y alumnas, lo que genera situaciones de desigualdad.
Índice de vulnerabilidad
El número de plazas para alumnado vulnerable serán concretadas por el propio Departamento, que ha creado un Índice de Vulnerabilidad.
A cada centro se le determinará un índice de vulnerabilidad referencial, que como referencia será el mismo para todos los centros del área de influencia.
Al presentar sus solicitudes, las familias cumplimentarán una encuesta sobre su situación socioeconómica.
Sobre la base de la información recabada, se delimitará el índice de vulnerabilidad y se determinará qué alumnas y alumnos son considerados vulnerables y quiénes no.
Así, se definirá el nivel referencial de cada zona, con el número de plazas que habrá que reservar para alumnado vulnerable en cada centro.
El Departamento de Educación definirá de oficio la reserva para cada centro, con el objetivo: que todos los centros de un área de influencia se acerquen al índice de vulnerabilidad correspondiente a su área.
Estas plazas serán fijas y se reservarán para dicho alumnado a lo largo del curso, para “asegurar la preinscripción más allá del plazo ordinario de matriculación o la escolarización tardía”, ha apuntado Pedrosa.
Ha advertido que este proceso será “progresivo, curso a curso” y que “en ningún caso provocará cambio de centro en el alumnado actualmente escolarizado”.
Escolarización de proximidad
Otra de las medidas será la apuesta por la escolarización de proximidad, con una medida que premia la cercanía entre el hogar y el centro, que pasará de puntuar seis puntos a siete.
Ha aclarado que dichas medidas “no supondrán una limitación en la selección de centros”, ya que “a priori se tiene que cumplir el derecho a la libertad”.
“Seguimos apostando por que las familias puedan elegir el centro que se adecue más a sus deseos, pero aplicando una política de matriculación más controlada y compaginada con la libre elección de las familias”, ha precisado.
También se incrementarán los recursos personales en los centros de alta de la complejidad educativa, el diseño de proyectos estratégicos para responder a la diversidad del alumnado en estos centros, así como el incremento de profesionales para facilitar el acceso lingüístico a alumnado recién llegado.
“La situación más complicada la tenemos con el alumno extranjero, que sufre una situación de discriminación más alta”, ha explicado Ubierta.
En este sentido, la viceconsejera de Educación, ha insistido la necesidad de “trabajar en planes interculturales y en la formación del profesorado para adecuar un proyecto educativo para atender al alumnado con un perfil diferente”.
Ubieta ha explicado que, por territorios, “es en Álava donde más habría que trabajar, seguido de cerca por Bizkaia, que se encuentra en una situación similar. Gipuzkoa, en cambio, es donde menos movimiento tendríamos que hacer”. EFE
