Bilbao (EFE).- La huelga de trece días convocada por ELA en las residencias de Bizkaia en demanda de mejoras en el convenio ha comenzado con un seguimiento muy mediatizado por el 80 % de servicios mínimos decretado por el Gobierno Vasco.
Poco antes de comenzar una manifestación por el centro de Bilbao, los portavoces de ELA, Ander Akarregi y Ainoha Tirapu, han criticado estos servicios mínimos que “invisibilizan e impiden la huelga”.
El sector, que agrupa a 5.000 personas, en su mayoría mujeres, demanda la equiparación salarial con personal del IFAS.
El 60 % de las plazas de usuarios son privadas y concertadas con la Diputación.
“Si el dinero sale del mismo sitio en ambos casos, las condiciones laborales deben ser también las mismas”, han recalcado.
Reclaman contratos indefinidos
Otras reivindicaciones son la contratación al 100 % de la jornada y un 95 % de trabajadoras, “al menos”, con contratos indefinidos.
También piden sustituciones desde el primer día de baja, porque esta situación “afecta directamente a la calidad del servicio”.
Manifestación en Bilbao de trabajadoras de las residencias de Bizkaia. EFE/Miguel Toña.
Han anunciado también que si la patronal mantiene “su falta de voluntad para negociar” hasta el próximo 3 de mayo, fecha en la finaliza la huelga, seguirán con los paros.
Pretenden que la Diputación “obligue o exija a la patronal que solucione este conflicto”.
Han destacado que mantienen sus demandas desde hace año y medio.
Los salarios de las trabajadoras están congelados mientras que “se han actualizado las tarifas a los usuarios, por encima del IPC, con el argumento de que mejoraría las condiciones salariales”.
39 días de paros
Tirapu ha recordado que la anterior huelga finalizó el pasado mes de marzo y que el sector suma 39 días en total de paros.
Ha criticado, asimismo, la “hipocresía” del Gobierno Vasco por hablar de convertir en festivo el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, “cuando deja que se alargue un conflicto de un sector muy feminizado”.
El sindicato LAB ha celebrado asambleas y movilizaciones en el sector de cuidados en todo el País Vasco con el objetivo de que estas trabajadoras sean reconocidas como empleadas públicas y para expresar su rechazo a la privatización de estos servicios.
Según afirma esta central, el hecho de que las instituciones deleguen la gestión de estos cuidados a las empresas privadas conlleva un “perjuicio” en las condiciones de las trabajadoras así como “la degradación y empeoramiento” del servicio.
EFE
