Bilbao (EFE).- El consejero vasco de Vivienda, Iñaki Arriola, ha afirmado este lunes que la fiscalidad vasca sobre vivienda se ha quedado “anticuada”.
Por ello ha urgido a las diputaciones forales “desde el respeto institucional” a reformarla .
En el acto de apertura del Congreso Internacional sobre Políticas de Vivienda, organizado por su departamento, Arriola ha asegurado que no existen “varitas mágicas” contra la carestía y la escasez de vivienda.
Ha añadido que parte de la solución puede ser una fiscalidad “comprometida” tanto para el arrendador como para el arrendatario.
“Una fiscalidad orientada a mejorar las condiciones de arrendadores razonables que contengan las rentas y de arrendatarios y colectivos más vulnerables, como los jóvenes”, ha mantenido.
Por ello ha hecho un llamamiento a las diputaciones forales para que “aceleren” ese proceso.
Ha recalcado que dicha fiscalidad ayudaría a que las medidas planteadas por el Gobierno Vasco “consiguieran el efecto deseado”.
Inversión alta y sostenible
Dichas medidas, según ha dicho, son en primer lugar la voluntad política, seguida de la capacidad técnica y una volumen de inversión “alta y sostenida”.
Otras “herramientas” serían la creación de un parque público de vivienda de alquiler “fuerte” y reserva de suelo.
También ha citado la movilización de vivienda vacía, prestaciones económicas o la “implicación” del sector privado en la vivienda pública.
“Queda mucha tarea por delante porque se trata de un ámbito en el que confluyen muchos intereses y que nos incumbe a todos”, ha destacado.
También ha remarcado el lema del congreso ‘Acceso a una vivienda digna: quinto pilar del Estado de Bienestar’, por detrás de la sanidad, la educación, la jubilación o la atención a la dependencia.
Ha asegurado que desde que se aprobó en 2015 la Ley de Vivienda vasca, “se inició el camino hacia ese objetivo”.
Un grupo de personas protestan por la dificultad de acceso a la vivienda en el exterior del edificio donde se celebra el Congreso Internacional sobre Políticas de Vivienda. EFE/Luis Tejido.
Protestas ante el consejero
La intervención del consejero ha estado interrumpida por varias personas que se han subido al escenario y han desplegado una pancarta y coreado lemas en contra de que la vivienda sea un negocio.
Estas personas han abandonado el local de forma pacífica.
Otro grupo de manifestantes se ha congregado en el exterior del edificio en el que tiene lugar el congreso con lemas similares y con una pancarta en la que se leía “Aquí se decide quién saca tajada de la miseria”.
El sindicato LAB también se ha pronunciado al respecto y ha criticado en una nota al Gobierno Vasco por “justificar políticas de vivienda antisociales con eventos internacionales”.
El congreso, al que asisten más de 400 profesionales, tiene por objetivo intercambiar conocimientos sobre cómo responder a la necesidad de “un hogar digno y adecuado” para todas las personas.
En los diferentes debates del congreso se ha indicado que en Euskadi tiene reconocido el derecho subjetivo a la vivienda 8.400 personas.
Se ha señalado, asimismo, que el 76 % de los demandantes de vivienda registrados en Etxebide solicitan la modalidad de alquiler, según datos del departamento de Vivienda.
Presupuesto Vivienda
El presupuesto ejecutado por el Gobierno Vasco en políticas de vivienda, con datos de cierre de 2022, fue de 386,3 millones de euros.
El gasto para costear las desgravaciones fiscales de vivienda fue de 432 millones, según ha precisado el citado departamento.
De dicha cantidad, la gran mayoría (312 millones) estuvieron destinados a la compra de viviendas , pese a que “la demanda se concentra en el alquiler”.
En Euskadi, el parque de alquiler es de 26.000 viviendas, 16.00 gestionadas por el ejecutivo autónomo, que en estos momentos edifica otras 2.000 viviendas.
También se han movilizado 7.400 viviendas vacías a través del programa Bizigune.
Entre los ponentes invitados, la mediadora de la sociedad pública Wohnpartner-Wien, Isabella Wohinz, que gestiona el parque público de alquiler de Viena, ha explicado cómo materializan el acceso a un hogar.
Según ha dicho ofertan un parque público de 220.000 viviendas en las que habitan 500.000 personas, el 21 % de la población de la ciudad.
La respuesta a la necesidad de hogares asequibles, ha añadido, incluye también una “fuerte normativa hacia los propietarios”.
EFE
