Vitoria, 4 nov (EFE).- La nueva ayuda de 200 euros mensuales por cada hijo menor de tres años tendrá un coste de 91,2 millones de euros el año que viene. Esta medida, contemplada en la Estrategia Vasca 2030 para el Reto Demográfico, será universal y se concederá a todas las familias, con independencia de sus ingresos.
Así lo ha explicado la consejera vasca de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, en la comisión parlamentaria en la que este viernes ha detallado el destino de los 637,8 millones que su Departamento tendrá en 2023 según el proyecto presupuestario, casi un 22 % más que este año.
La ayuda de 200 euros, que se dará a todas las familias con hijos menores de 3 años, supone un “esfuerzo económico muy muy importante” y nace con el objetivo de “ser la palanca de cambio para que las familias vascas tengan todos los hijos que quieran” porque hasta ahora, ha admitido la consejera, la inversión para impulsar la natalidad no ha dado los resultados deseados.
Esta nueva ayuda ha elevado hasta los 150,3 millones (77 más) el presupuesto de la Dirección de Familias, que además destinará 1 millón a poner en marcha el proyecto Barnahus (casas para atender a menores víctimas de delitos sexuales), 420.000 euros a ayudas a empresas que desarrollen planes de conciliación y 1,7 millones al programa contra la brecha digital infantil Aukerak Suspertzen.
Ayudas contra la pobreza energética
El dinero destinado a Ayudas de Emergencia Social (AES) ascenderá a 41,5 millones -10 más que este año-, la partida del servicio de teleasistencia betiOn será de 13 millones y la del programa Hitzartuz para combatir la pobreza energética y pobreza alimentaria, de 4 millones.
La consejera ha anunciado además la elaboración de una nueva estrategia centrada en las personas sin hogar, el impulso de un pacto social por los cuidados y la creación de un fondo para ayudar a los niños que se queden huérfanos como consecuencia de la violencia machista.
“Los presupuestos responden a las necesidades sociales generadas por la crisis producida con la guerra de Ucrania con la inflación y, especialmente, los precios de la energía”, ha expuesto la consejera, que ha destacado que las cuentas “convierten en estructurales programas surgidos en plena pandemia, que se han demostrado muy útiles para luchar contra las desigualdades”.
La Dirección de Migración y Asilo tendrá una partida de 15 millones, de los que 4 serán para el programa “Trapezistak” dirigido a jóvenes sin apoyo familiar y 2 se destinarán a ayudas económicas directas para refugiados ucranianos.
71 millones para prisiones
El área de Justicia contará con 224,9 millones (5 procedentes de fondos europeos), de los cuales 71 serán para Instituciones Penitenciarias. En 2023 se continuará con el proceso de incorporación del personal de prisiones transferido con la competencia, se reforzará la red de viviendas comunitarias para reclusos en semilibertad al ampliarse las plazas de 42 a 100 y se acometerán obras de acondicionamiento (2,2 millones).
Ninguna de esas obras, ha precisado Artolazabal, serán en Martutene ya que está previsto que la nueva cárcel de Zubieta esté terminada en primavera de 2023 y que el traslado de los reclusos se haga a principios de 2024.
La Agencia Vasca de Reinserción Social “Aukerak” tendrá un presupuesto de 16 millones que servirán para dar respuesta al aumento del 40 % en el número de presos que participan en los talleres de la cárcel.
Este mayor interés se debe a que ahora se paga más a los reclusos por su trabajo, pero también a que se imparten más talleres y durante más horas con la idea de ayudar a los presos a lograr un empleo cuando queden en libertad para que no reincidan, ha explicado al consejera.
Al margen de la gestión de las cárceles, la Viceconsejería de Justicia prevé nuevos convenios para la formación de jueces, fiscales y resto de personal, fomentar el uso del euskera, modernizar el Instituto Vasco de Medicina Legal y mejorar con 5,6 millones las instalaciones judiciales (se empezarán los trabajos en el edificio Mapfre y se adecuará la sede de la Fiscalía de Bizkaia y los juzgados de la mujer en Bilbao).
Expediente judicial electrónico
La consejera ha anunciado además la implantación del expediente judicial electrónico en marzo y la elaboración de un libro blanco sobre los medios alternativos de solución de conflictos.
El Instituto Vasco de la Mujer tendrá un presupuesto de 7,8 millones, en el que se “refuerzan expresamente” las partidas para prevenir y luchar contra la violencia machista, que en total contarán con 9 millones a través de distintas actuaciones del Departamento, no solo de Emakunde.
Por otro lado se destinarán 63 millones a Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, de los que 46 serán para ayudar al desarrollo de proyectos de cooperación y humanitarios, tanto iniciados en años anteriores como planteados en 2023.
El Instituto Vasco de la Memoria, Gogora, -que contará con 7,5 millones- reforzará “las bases de datos y del banco de ADN ante el alto número de exhumaciones de los últimos meses” relacionados con la guerra civil y destinará 290.00 euros al futuro memorial del 3 de marzo en Vitoria.
Se estudiará además la adquisición del palacio La Puente, en Turtzioz, donde el Gobierno del lehendakari Agirre celebró sus últimos consejos en tierra vasca en 1937, para lo que se reserva 1 millón de euros.
