València, 30 sep (EFE).- la necesidad de “tender puentes” entre el mundo del Derecho y el de la Sanidad y de que, ante una pandemia que ha dejado en “shock” a la población, sean las administraciones las que “doten de las medidas necesarias para paliar la situación”, son dos de los aspectos destacados durante la inauguración del IV Congreso de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana.
El encuentro, al que se han inscrito cerca de 470 personas y se celebra hasta mañana en la Universidad CEU Cardenal Herrera en Alfara del Patriarca (València), se abordarán aspectos como la vacunación o el impacto de la pandemia en el personal sanitario.
También temas como el incremento de denuncias al colectivo sanitario, la protección de datos o la objeción de conciencia ante la eutanasia.
En este último aspecto, durante la inauguración la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha reclamado “un nuevo marco legal” que equilibre “el derecho a morir con dignidad y los principios éticos que llevan a los profesionales sanitarios a ejercer la objeción de conciencia”.
“Los poderes públicos no pueden dejar desprotegido a quien reclama poner fin a su sufrimiento”, ha señalado Bravo, quien ha añadido que es un asunto “de una tremenda complejidad”.
Por ello, ha dicho, “es necesaria una nueva regulación del ejercicio de la objeción de conciencia sobre el que hay poca doctrina constitucional, no sólo en nuestro país, sino en la inmensa mayoría de textos de Derecho Internacional”.
El presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana, Carlos Fornes, ha afirmado que ahora “empezamos a ver la luz al final del túnel, a mi modo de ver por la vacunación de la población”.
Tras recordar que los profesionales sanitarios “han pasado de recibir aplausos a convertirse en el foco de frustración de los pacientes”, ha señalado que los ciudadanos “nos hemos encontrado en un estado de conmoción y corresponde a las administraciones dotar de las medidas necesarias para paliar esta situación”.
Fornes considera que “no se debe politizar el dolor de las personas pero hay que exigir a quien tiene la responsabilidad mesura, compresión y cercanía”.
Ha señalado que hay estudios que indican que el 80 % del personal sanitario ha participado durante la pandemia en algún momento en el cuidado de paciente covid, y el 70 % de este colectivo sufre trastorno por estrés postraumático. “Hay que paliarlo con la ayuda de la administración”, ha aseverado.
Además, ha destacado que durante la pandemia han fallecido en España un centenar de sanitarios, para los que ha pedido que se guardara un minuto de silencio.
Durante el acto, el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José Rivas, que ha intervenido mediante una videollamada, ha destacado el desarrollo del Derecho como ciencia social de la que emana un ordenamiento jurídico y de la Medicina desde el punto de vista curativa y preventiva
Ha destacado que el texto constitucional alude a la protección de la salud y establece los mecanismos preventivos que corresponde a los poderes públicos desarrollar para su preservación.
Citando la Constitución, se ha referido a los artículos que aluden a la libertad de la persona, al reconocimiento de la salud y su incidencia en los derechos fundamentales, el respeto a la integridad física y dignidad de la persona, la intimidad personal, la libertad de circulación o reunión, o la objeción de conciencia, entre otros.
Por su parte, la consellera ha calificado el encuentro como “oportuno y necesario” tras el “durísimo reto” que ha supuesto la covid-19 donde se ha comprobado que “gracias a un sector público eficaz y eficiente se ha podido atender a los enfermos y distribuir universalmente la vacuna, al tiempo que se paliaban los estragos que este mal ha causado en nuestra economía”.
Para Bravo, ello no hubiera sido posible sin “una sólida armadura institucional y administrativa bien regulada por nuestro ordenamiento jurídico y con los magníficos profesionales sanitarios con los que contamos”.
Según la consellera, la pandemia “ha puesto de manifiesto que sólo desde los poderes públicos se puede garantizar con plenitud el derecho a la salud universal”.
Por eso, ha añadido, el ordenamiento debe activar una doble seguridad jurídica: la necesaria para la gestión sanitaria y la labor de sus profesionales y para garantizar la mejor atención a la ciudadanía.
En el acto también han intervenido la presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, Esther Rojo, quien ha destacado la necesidad de “tender puentes” entre el mundo del Derecho y el Sanitario, y el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado del CEU, Gernardo Antón Fos. EFE
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