Madrid (EFE).- Los cuatro candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional pactados por el PSOE y el PP han logrado este jueves, tras un bronco debate, el apoyo de los tres quintos del Congreso que exige la Constitución, con varios diputados díscolos en la izquierda por su rechazo a Enrique Arnaldo.
Ha sido este jurista propuesto por el PP quien menos votos ha reunido -232-, seguido de la otra candidata de los populares, la magistrada Concepción Espejel (237), y de los dos nombres planteados por los socialistas, los magistrados Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez, que han conseguido 240 votos. Ha habido 8 votos en blanco y uno nulo.
Teniendo en cuenta que el PP, el PSOE y Unidas Podemos suman 242 escaños, una decena de diputados no han seguido la disciplina marcada por las respectivas direcciones en una votación telemática y secreta que, sin embargo, el PSOE ha monitorizado.
El socialista Odón Elorza, que había dicho que apoyaría el acuerdo con la “nariz tapada”, finalmente no ha votado a Arnaldo y, tras hacerlo público en redes sociales, el grupo parlamentario ha señalado que estudiará la posibilidad de sancionarlo.
En una tensa jornada, varios portavoces han criticado a Unidas Podemos por unir su voto al tradicional reparto de cargos del bipartidismo y formaciones aliadas del Gobierno en el Parlamento, como ERC, el PNV, EH-Bildu o BNG, han decidido no participar en la votación como signo de protesta, opción que también han elegido Vox y Ciudadanos.
De 349 diputados (tras perder el escaño Alberto Rodríguez, de Podemos), solo han votado la renovación de los órganos constitucionales 249. Además de los magistrados, el Congreso ha dado su aval a Ángel Gabilondo como defensor del pueblo, con 240 votos; y a seis miembros del Tribunal de Cuentas, cinco con 239 votos y uno con 238.
En nombre del PSOE ha tomado la palabra su portavoz de Justicia, Francisco Aranda, que no ha criticado de forma expresa a los candidatos propuestos por el PP, aunque ha dejado claro que en el pacto se refleja el alma del que pacta y ha asegurado que los socialistas no exigen afinidad ideológica, sino conductas ejemplares, valía e imparcialidad.
Aranda ha instado al PP a renovar también el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha insistido en que cumplir la Constitución es, además de obligado, necesario y ha recalcado la necesidad de defender el normal funcionamiento de las instituciones frente a los “lobos de la ultraderecha que están al acecho de la democracia”.
Desde el PP, Vicente Tirado ha considerado que el pacto con el PSOE es “hacer política con mayúsculas”, porque supone precisamente contribuir a su normal funcionamiento, y, ante las críticas, se ha mostrado convencido de que los futuros magistrados del Constitucional desempeñarán su cargo “con lealtad e independencia” y basándose en criterios estrictamente jurídicos.
Tirado ha afirmado que el PP tiene “altura de miras” y sentido de Estado y ha asegurado al Gobierno y al PSOE que si respetan la separación de poderes y cumplen “lo que dice Europa, que los jueces sean elegidos por los jueces -ha apuntado-“, podrán llegar también a un acuerdo para renovar el CGPJ.
PP y PSOE han sido el blanco de numerosas críticas por reincidir en el “reparto de sillones” y por incluir en el pacto a Arnaldo -cercano al PP y a FAES y cuyo nombre aparece en los sumarios de casos de corrupción como Palma Arena y Lezo-, pero el papel más difícil ha sido el de Unidas Podemos.
Su diputado Antón Gómez-Reino ha tomado la palabra para explicar una votación “difícil” que, ha asegurado, busca acabar con una “situación absolutamente intolerable”, el “secuestro antidemocrático” de los órganos constitucionales.
Tras recalcar que su sí al pacto no es un voto a favor de Arnaldo o Espejel, “dirigentes del PP sin carné -ha afirmado-“, ha asegurado que éticamente no podían permitir ni un minuto más el secuestro del Constitucional, ante el que el PP y Vox han presentado ya una treintena de recursos.
Entre aplausos y mofas de los diputados de Vox, que han coreado el lema de Podemos “sí se puede”, ha insistido en que sólo había dos opciones, o un acuerdo “mejor o peor” para defender la democracia o continuar con el bloqueo.
Vox no ha participado en una votación que su diputado José María Sánchez ha calificado de “insulto a la democracia”.
“Más mentiras y más caradura no se puede exhibir en un pleno, ni en un parlamento, ni en un bar, ni en una taberna, ni en ningún sitio”, ha reprochado al portavoz de Unidas Podemos, Antonio Gómez-Reino.
“No tienen ustedes un pase, se les tiene que caer la cara de vergüenza; no vuelvan a subir aquí a dar lecciones de regeneración”, ha advertido a los diputados de la formación morada el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, quien ha tachado la sesión de “ópera bufa”.
También Iñigo Errejón, en nombre de Más País, se ha dirigido a sus excompañeros de Podemos para asegurarles que “un voto vergonzante nunca es un buen voto”, mientras que desde la CUP, Mireia Vehí ha afirmado que su posición marca “el fin de ciclo del 15M: “Hoy se muere la posibilidad de cualquier cambio en España”.
“Hoy el Congreso huele a amaño, a obscenidad, a escándalo”, ha manifestado el diputado de Compromís Joan Baldoví, con una pinza en la mano por aquellos que han apoyado a los candidatos “de la indecencia”.
Como protesta simbólica, los diputados de ERC, JxCat, PDeCat, la CUP, EH-Bildu y BNG han abandonado el hemiciclo del Congreso al comenzar el debate para “no avalar una infamia”, en palabras del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y no participar en una “farsa”, según la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua.
