Un agente de la Policía Nacional controlaba el acceso de vehículos tras la apertura de la frontera con Francia, en junio de 2020. EFE/David Borrat/Archivo

El TJUE permite sancionar a un ciudadano que no lleve DNI al cruzar la frontera

Bruselas (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) señaló este miércoles que los Estados miembros pueden imponer la obligación a sus nacionales de llevar encima un DNI o un pasaporte cuando viajan a otro país de la UE y que, en caso de no hacerlo, pueden sancionarles penalmente, siempre y cuando el castigo sea proporcional a la gravedad de la infracción.

El tribunal se pronunció a raíz del caso de un ciudadano finlandés que en agosto de 2015 viajó desde su país a Estonia en una embarcación de recreo sin llevar encima su DNI, por lo que a su regreso no pudo mostrarlo a las autoridades en un control fronterizo.

No obstante, pudo ser finalmente identificado porque llevaba consigo el carnet de conducir.

Un juez de primera instancia declaró que el hombre había cometido un delito de carácter leve, por lo que no se le impuso ninguna pena y además, decidió que la multa que se le podría haber impuesto era resultaba excesiva, al ascender a los 95.250 euros.

La fiscalía recurrió en dos ocasiones, hasta que el Tribunal de Casación finlandés elevó una cuestión prejudicial al TJUE preguntando sobre la posibilidad de imponer sanciones penales.

En su sentencia de hoy, la corte con sede en Luxemburgo dijo que que los países de la UE pueden imponer a sus nacionales la obligación de estar en posesión de un DNI o un pasaporte cuando cruzan la frontera, al tratarse de una “formalidad vinculada al derecho a la libre circulación”.

En cuanto a la posibilidad de imponer sanciones penales, el TJUE señaló que la directiva europea no se opone a dicha opción, pero apuntó que el derecho europeo establece que “los criterios sancionadores deben ser compatibles (…) con los principios de proporcionalidad y de no discriminación”.

En consonancia, declaró que el derecho comunitario no permite una ley como la finlandesa, que prevé multas equivalentes al 20 % del importe de los ingresos mensuales medios netos del infractor.