Madrid, (EFE).- El Gobierno ha aprobado este martes destinar 50.000 viviendas de la Sareb a alquiler asequible, de las que 35.000 ya están identificadas y otras 15.000 se construirán en suelo que cederá a comunidades y ayuntamientos, a los que también venderá espacio para levantar hospitales, escuelas y aparcamientos públicos.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha abogado, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, por “reconstituir” el parque público de vivienda en España y por “aprovechar el cien por cien de los activos” del llamado ‘banco malo’.
Calviño ha explicado que, de las 50.000 viviendas de la Sareb que se pretenden movilizar, hay un stock de 21.000 que podrían servir para uso social y que pondrá a disposición de las comunidades autónomas y ayuntamientos para su venta; mientras que otras 14.000 ya se encuentran habitadas y otras 15.000 se construirán en suelos disponibles de su propiedad.
Regularizar 14.000 viviendas ocupadas
En las 14.000 viviendas que hay ocupadas, se está trabajando para identificar a las familias vulnerables y ofrecerles un programa de alquiler social y acompañamiento laboral, con el fin de regular su situación.
En este momento, la Sareb gestiona más de 2.000 alquileres sociales y está dando acompañamiento especial a más de 400 familias.
Respecto a las cerca de 21.000 que se quieren vender a comunidades y ayuntamientos para que las destinen a alquiler asequible o alquiler social, 9.000 de ellas ya están disponibles y 12.000 se encuentran pendientes de obras de finalización y habitabilidad.
Parque público de viviendas: 300.000 unidades
Calviño ha apuntado que el parque público de vivienda en España está formado por 300.000 unidades, lo que supone el 3 % del total, frente al 9 % de media en la Unión Europea.
Por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha arremetido contra las “políticas fracasadas” del PP en esta materia y ha respondido a su líder, Alberto Núñez Feijoo, que para alcanzar un pacto de Estado sus presidentes autonómicos deberían empezar por aplicar la ley de vivienda que se aprobará en los próximos días.
Rodríguez ha dicho que es “inaceptable que existan presidentes autonómicos que digan que se van a saltar esta ley”, aunque ha añadido que “viendo al jefe que se salta la Constitución se ve que será marca de la casa”.
Compromiso del Ejecutivo
Este plan, que anunció el pasado fin de semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto electoral en Valencia, forma parte del compromiso del Ejecutivo de impulsar 100.000 viviendas en arrendamiento a precio asequible.
Unidas Podemos lleva demandando al PSOE desde el principio de la legislatura que todas las viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se incluyan en un parque público de alquiler y, aunque intentó negociarlo dentro de la ley de vivienda los socialistas nunca lo aceptaron.
Belarra considera que el plan responde a su reclamación
Su secretaria general y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, considera que el plan “responde perfectamente” a su reclamación y que le da igual que su anuncio en un mitin de Pedro Sánchez obedezca a un interés electoralista u a otro motivo.
Por su parte, los socialistas siempre han apostado por la construcción de un parque público de alquiler mediante fórmulas de colaboración público-privada para incrementar la oferta.
Garamendi tilda ley de vivienda de populista y cree que hará el efecto contrario
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha tildado la nueva Ley de Vivienda como una “decisión populista que va a provocar lo contrario de lo que se pretende”.
Garamendi ha dicho al respecto tras su intervención en el Foro de la Nueva Economía que no comparte el “intervencionismo en el mercado” de alquileres de viviendas, ya que la nueva ley topará los precios de los arrendamientos y creará un nuevo índice al margen del IPC.
Las comunidades del PP plantan cara
Las cinco comunidades autónomas gobernadas por el PP plantan cara a la política de vivienda del Gobierno central y piden al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la celebración urgente de una Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo para analizar la nueva ley.
Los gobiernos regionales de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia manifiestan así su descontento con esta norma impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que aprueba este martes su plan para destinar 50.000 viviendas de la Sareb -la sociedad creada para dar salida a los activos inmobiliarios de los bancos rescatados- a alquiler asequible.
La Comunidad de Madrid va un paso más allá y ha anunciado, además, que prevé presentar un recurso de anticonstitucionalidad sobre la nueva ley de vivienda.
La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que no va a aplicar esta ley donde no sea obligatorio y que la recurrirá “a todos los tribunales”, ya que considera que “en el momento en que te entrometes en el precio de las viviendas baja la oferta y se disparan los precios”.
Ayuso: es “una improvisación”
Según Ayuso, el Gobierno busca “colapsar” y “eclipsar” las medidas puestas en marcha por su Ejecutivo y es “una improvisación” del Ejecutivo de Pedro Sánchez y “un atropello contra la propiedad” que provocará efectos distintos como disparar los precios y “desplomar” la oferta.
El Gobierno andaluz ha advertido que, cuando tengan el texto completo de la ley, la supervisará para certificar que no vulnera las competencias autonómicas y que se ciñe a la legislación española vigente, ya que, de lo contrario, adoptará las medidas “oportunas”.
Competencias autonómicas
Fuentes del Ejecutivo que encabeza Juanma Moreno han asegurado que hay informes, como el del Consejo General del Poder Judicial, que advierten “del difícil encaje de esta ley dado que las competencias en materia de vivienda son autonómicas”.
Señalan, también, que la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial es “necesaria” para que se informe de una norma que, según aseguran, se ha “cocinado a espaldas” de las comunidades autónomas.
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se ha dirigido por carta a la ministra Raquel Sánchez para pedir la “urgente convocatoria” de la reunión y ha trasladado su malestar por haberse enterado del proyecto de la ley a través de los medios de comunicación, “máxime siendo una materia en la que, junto a su indudable trascendencia social, concurre la circunstancia, no menor, de que es de exclusiva competencia autonómica”.
Mesa sectorial para debatir una ley “preocupante”
Por su parte, la consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, ha urgido al Gobierno central a que “dé la cara” y convoque la mesa sectorial para debatir una ley “preocupante” y que “está carente” de todo, entre otras cuestiones, de la memoria económica.
El portavoz parlamentario del PP en el Parlamento gallego, Pedro Puy, ha augurado también un proceso de “conflictividad competencial” ante el Tribunal Constitucional.
En Murcia, el Ejecutivo autonómico ha mostrado su preocupación por el alcance de la aplicación de la ley en su región y por las consecuencias que de ella derivan para el ejercicio de la política de vivienda del Gobierno de su comunidad.
En este sentido, el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, ha manifestado que es “sectaria y extremista” porque “menoscaba la propiedad privada y la libertad de los ciudadanos”.
A su juicio, no va a resolver los problemas de acceso a la vivienda de las familias porque “está comprobado que las medidas que propone provocan exactamente lo contrario de lo que pretenden”.
La ley de vivienda se aprobará la semana que viene en el pleno del Congreso
La ponencia de la Ley sobre el Derecho a la Vivienda ha dado luz verde este martes a su informe con la incorporación de 41 enmiendas pactadas por el PSOE con UP, ERC y Bildu, tras lo cual el texto se aprobará en la Comisión de Transportes este mismo jueves y en el pleno del Congreso la semana que viene.
El calendario se ha acordado esta mañana en una reunión de la Mesa y portavoces de la ponencia en la que los grupos de la oposición han manifestado su rechazo a las prisas de los grupos que sustentan al gobierno y sus socios parlamentarios.
Tras catorce meses atascada en su tramitación parlamentaria, la negociación de la ley de vivienda se desbloqueó el pasado viernes con un acuerdo político entre el PSOE, UP, ERC y Bildu.
