Madrid (EFE).- El Gobierno ha aprobado los 12 planes hidrológicos (2022-2027) y que incluyen la fijación de caudales ecológicos en el río Tajo, lo que supondrá un recorte de las aportaciones al Segura, que tanta polémica ha levantado entre las autonomías implicadas.
De esta manera, la propuesta del Gobierno contempla que el caudal ecológico a su paso por Aranjuez (Madrid) suba a de seis a siete metros cúbicos por segundo desde el 1 de enero de 2023, que pase a ser de ocho desde 2026 y que se eleve a 8,65 en 2027.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que contempla la planificación hidrológica del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Júcar, además de la parte española de los ríos compartidos con Portugal (Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana) y con Francia (Cantábrico Oriental y Ebro).
La Ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera ha señalado que con estos planes hidrológicos abarcan el 86% del territorio nacional, afectan al 65% de la población y cuentan con una inversión de 22.844 millones, de los cuales algo más de 10.000 millones son de inversión estatal.
“Nunca jamás” se han destinado tantos recursos en España para la inversión y gestión en agua, ha hecho hincapié la ministra.
La vicepresidenta tercera del Gobierno Teresa Ribera ha añadido que “hemos leído con mucha atención” las “recomendaciones, no observaciones esenciales” del informe del Consejo de Estado sobre los planes de cuenca y “sí, se han seguido los criterios técnicos” a la hora de determinar el caudal ecológico para el Tajo.
El Consell acoge “con moderada satisfacción” los cambios
El Gobierno valenciano ha acogido “con moderada satisfacción” los cambios introducidos por el Ministerio para la Transición Ecológica sobre la cuenca del Tajo y que afectará al trasvase de agua a la del Segura.
En una primera impresión del texto aprobado, el Consell señala que en él “se admite” la evaluación anual de la situación de ambas cuencas, tanto la cedente en función de la situación de los caudales como la receptora de acuerdo al resultados de las inversiones en el Segura.
Asimismo, las fuentes del Gobierno valenciano apuntan que en un año y medio habrá “una nueva planificación hidrológica” y que los cambios introducidos en el texto finalmente aprobado este martes “van en la buena dirección”.
Los regantes levantinos irán a la Justicia para que el Tajo-Segura se quede “como está”
Los regantes del Levante español se han manifestado este martes ante el Palacio de la Moncloa para mostrar su desacuerdo con la reducción del caudal del trasvase Tajo-Segura que contemplan los nuevos planes hidrológicos, y han afirmado que recurrirán a la Justicia para que la situación siga “como está”.
“No vamos a parar. Ya estamos preparando un recurso contencioso administrativo (para elevar al Tribunal Supremo) porque no nos vale nada que no sea dejar las cosas como están”, ha dicho a Efe Lucas Jiménez, el presidente de los convocantes de esta manifestación, el Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura (Scrats).
A la convocatoria han acudido alrededor de 130 personas -según los datos de la Delegación del Gobierno- y unos 500 -según los organizadores-, que han alzado su voz con gritos de “¡agua para el Levante!” y que han pedido la dimisión de la ministra de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Teresa Ribera, impulsora de este real decreto.
Ha sido el último intento de los regantes de la zona del Levante de ser escuchados y evitar que el Consejo de Ministros aprobara el real decreto que revisa los planes hidrológicos, que incluye un caudal ecológico en el Tajo que afecta al trasvase con el Segura.
De esta forma, el caudal del Tajo tendrá que elevarse a su paso por Aranjuez (Madrid) de manera progresiva: de seis a siete metros cúbicos por segundo en 2023, a ocho en 2026 y a 8,65 en 2027.
Ese aumento llevará aparejada una predecible disminución del agua a trasvasar hacia el Levante, lo que afectará gravemente a la economía de estas zonas en general y al sector primario en particular, de acuerdo con las denuncias de regantes, empresarios, instituciones y fuerzas políticas locales de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.
