Resuelto el bloqueo del Constitucional, todavía queda pendiente el del CGPJ

Miriam Mejías y Raúl Bellerín |

Madrid (EFE).- El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado un paso importante para que España recupere la normalidad institucional al proponer tras varios meses de retraso a sus dos magistrados para el Tribunal Constitucional (TC), pero, sorteado ese bloqueo, queda el más grave: el que afecta desde hace más de 4 años al propio CGPJ.

Los vocales del CGPJ han designado a sus candidatos con seis meses de retraso -tres meses y medio incumpliendo la ley que les daba como fecha tope el 13 de septiembre- y tras una crisis en la que el TC ha frenado por primera vez una ley durante su tramitación parlamentaria.

Estas son algunas de las claves de lo ocurrido y de lo que queda pendiente:

El CGPJ consigue nombrar a sus dos candidatos

Tras meses de negociaciones enconadas entre los bloques progresista y conservador, finalmente el órgano de gobierno de los jueces ha logrado designar por unanimidad a César Tolosa y María Luisa Segoviano nuevos magistrados del TC, gracias a que los vocales progresistas han sumado sus votos a los de sus compañeros para desatascar la renovación.

César Tolosa, nuevo magistrado del Tribunal Constitucional tras romper el bloqueo
César Tolosa, nuevo magistrado del TC. EFE/Chema Moya

«No es un consenso, es una cesión», dicen de manera tajante a EFE desde el sector progresista, quienes defienden que han cedido sus votos en aras a que la renovación del TC sea posible después de meses de un bloqueo del que responsabilizan a sus compañeros conservadores, y seguros de que éstos iban a seguir sin aceptar a su candidato, el magistrado José Manuel Bandrés.

Es más, justo antes de la votación, los progresistas han manifestado expresamente que renunciaban a Bandrés por «sentido institucional», pese a que subrayan que nunca ha habido vetos entre ambos sectores del CGPJ, que siempre ha elegido cada uno a un candidato de cada sensibilidad y se ha votado por consenso.

Esta vez los conservadores dejaron claro que no iban a apoyar a Bandrés por ver en él un perfil próximo al Gobierno y optaron por presentar a su candidato, César Tolosa, y a otro de sensibilidad progresista. A la segunda, con María Luisa Segoviano, pionera por ser la primera magistrada en presidir una Sala del Tribunal Supremo, ha ido la vencida tras el gesto de los progresistas.

Un gesto que ha pillado por sorpresa a muchos, según reconocen vocales conservadores, que subrayan la trayectoria y capacidad de los candidatos.

Calma tras la tempestad

El acuerdo del CGPJ llega después del que el Constitucional decidiera interrumpir de forma cautelarísima y con una amplia división (6 votos a 5) la ley con la que el PSOE y Unidas Podemos pretendían saltarse el bloqueo.

Lo hicieron mediante dos enmiendas a la reforma del Código Penal que el PP recurrió por ver vulnerados los derechos de sus diputados (por reformar leyes orgánicas como la del Poder Judicial y la del TC en otra que no tiene nada que ver) y el TC aceptó paralizarlo.

Tanto el Gobierno como el PP han subrayado que lo ocurrido este martes es una buena noticia, pero el PSOE cree que, aún así, es necesario emprender de nuevo la reforma frustrada para proteger a las instituciones del «deterioro» que les provocan los bloqueos a los que las somete el PP cuando no gobierna.

Pero el CGPJ sigue bloqueado

Los vocales que han desbloqueado la renovación del TC llevan 4 años y 23 días en funciones. Su mandato de cinco años caducó el 4 de diciembre de 2018 y, tras varios intentos de acuerdo, alguno de ellos prácticamente cerrado, ahora nadie apuesta por que se renueve antes de las próximas elecciones generales.

María Luisa Segoviano, nueva magistrada del Tribunal Constitucional tras romper el bloqueo
María Luisa Segoviano, nueva magistrada del Tribunal Constitucional. EFE/ Mariscal

Queda lejos el primer acuerdo con Manuel Marchena como presidente del Supremo y del CGPJ que se rompió por la filtración del ya famoso whatsapp del portavoz del PP del Senado, Ignacio Cosidó, en el que hablaba de seguir controlando la Sala de lo Penal del Supremo «por detrás».

Desde entonces han sido varias las aproximaciones, todas rotas por el PP en el último momento con diferentes argumentos, el último la iniciativa legal del PSOE y Unidas Podemos para reformar el delito de sedición.

Los partidos del Gobierno se atrevieron incluso a plantear una reforma para suprimir la mayoría de tres quintos necesaria para esa renovación y con ello sortear el bloqueo del PP. Entonces, Bruselas dio un toque de atención que hizo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ordenara retirar la iniciativa.

Ahora, la Comisión Europea insiste en la urgencia de renovar el CGPJ y, una vez completado ese proceso, cambiar el modelo de elección de los vocales.

Una de las consecuencias del bloqueo es que el CGPJ no puede designar cargos judiciales mientras esté en funciones, lo que ha generado ya la acumulación de un total de 71 nombramientos discrecionales pendientes en distintos tribunales del país, 18 de ellos en el Tribunal Supremo. Y la vacante de Tolosa no hará sino agravar ese problema.

Un TC renovado con una importante agenda social por delante

El acuerdo del CGPJ tendrá una traducción inmediata, dado que el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, ya ha decidido convocar un pleno lo antes posible para verificar la idoneidad de los candidatos, que entrarán junto a los propuestos por el Gobierno: el exministro Juan Carlos Campo y la catedrática y ex alto cargo de Moncloa Laura Díez.

Otro de los aspectos clave que ha influido en la decisión de los progresistas ha sido la oportunidad de que el Tribunal Constitucional consiga una mayoría progresista, especialmente después de que frenase la tramitación de dos enmiendas que buscaban modificar el sistema de elección de sus jueces.

Los vocales progresistas defienden que había que renovar ya el TC por «higiene democrática» y resaltan el conjunto de leyes que están pendientes de revisión en el tribunal: desde la eutanasia a la ley Celáa, la ley de la Infancia o el Ingreso Mínimo Vital, con el polémico recurso del aborto parado en el tribunal de garantías 12 años y aún sin fecha para resolverlo.