Oviedo (EFE).- La Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (CALRE) ha renovado este viernes el “Documento de Oviedo”, su carta fundacional que ahora cumple veinticinco años y en la que reivindica que los parlamentos se integren aún más en el proceso de formación de las políticas y decisiones comunitarias.
Éste es uno de los veintiún objetivos recogidos en una declaración que se ha debatido entre ayer y hoy en la capital del Principado en un cónclave que ha contado con la participación de delegaciones de veinticuatro parlamentos regionales europeos.
El “Documento de Oviedo” considera que las regiones de los Estados miembros deben participar más en el proceso de integración europeo y que, tanto a nivel nacional como europeo, se les debería conceder “derechos de intervención” en este tipo de cuestiones.
Asimismo, señala que la subsidiariedad activa puede contribuir a una mayor corresponsabilidad de las regiones y a una mejor comprensión por parte de los ciudadanos de la labor de la Unión Europea, para lo que se debe fijar un “diálogo permanente” entre los parlamentos regionales con competencias legislativas y las instituciones comunitarias.
Asimismo, la CALRE se ha mostrado a favor de ampliar a doce semanas el plazo para analizar la cuestión de la subsidiariedad de cara a una futura reforma de los Tratados y defiende que se rebaje el quorum para la “tarjeta amarilla” en el sistema de alerta temprana.
Introducción de propuestas legislativas
Las asambleas miembros también apoyan la introducción de una “tarjeta verde” que permitiría a los parlamentos nacionales y regionales introducir propuestas en las iniciativas legislativas europeas o pedir la revisión, modificación o derogación de la legislación vigente sin perjuicio del derecho de iniciativa de la Comisión Europea.
Por otro lado, el documento suscrito hoy aboga por que las directivas gocen de primacía política sobre las regulaciones para asegurar que los Estados miembros y las regiones tengan las “máximas posibilidades” en la implementación del derecho de la Unión Europea.
El texto tilda de “imprescindible” que se ponga a disposición de los parlamentos regionales un servicio de información que les permita realizar el seguimiento puntual de todas aquellas cuestiones que puedan afectar a sus competencias.
Red informática abierta
Además, el documento defiende la creación de una red informática abierta a todas las instituciones implicadas, que permita la consulta inmediata de los datos y procedimientos de cada cámara sobre el asunto de que se trate.
Al mismo tiempo, recalca la importancia de propiciar encuentros institucionales presenciales, punto en el que valora la posibilidad de institucionalizar la celebración de una conferencia entre parlamentos regionales y el Parlamento Europeo.
En la segunda y última sesión de la CALRE, su presidente, Jean-Claude Marcourt, se ha comprometido a trabajar para que esta declaración se sustancie en “actos concretos”, después de que sus miembros hayan puesto en valor la fuerza del diálogo en un momento en que “la paz en Europa está en peligro”.
Su homólogo en el parlamento asturiano, Marcelino Marcos Líndez, ha destacado que la asamblea ha sido un “ejemplo” de debate sano para alcanzar acuerdos, más allá de las diferencias que existen entre las regiones participantes.
A la asamblea han acudido delegaciones de veinticuatro parlamentos europeos, diez de ellos españoles: La Rioja, Murcia, Canarias, Castilla y León, Cantabria, Castilla-La Mancha, Catalunya, Andalucía, Extremadura y Asturias.
Además, participan representantes de cuatro cámaras de Alemania (Bremen, Bavaria, Sajonia y Turingia), otros cuatro de Bélgica (comunidad alemana de Bélgica, Valonia, Federación Valonia-Bruselas y el Bruselas), tres de Italia (Friuli-Venecia Julia, Lombardía y Cerdeña), dos Portugal (Azores y Madeira) y uno de Austria (Voralberg). EFE
Edición web: Gorka Vega.
