Oviedo (EFE).- La consejera de Educación, Lydia Espina, ha garantizado que este año habrá recursos suficientes para la aplicación “flexible y tranquila” de la nueva ley educativa (LOMLOE), un reto a abordar durante dos años que, según ha asegurado, debe ir de la mano de la digitalización de la enseñanza si se quiere culminar con éxito su puesta en marcha.
Con ese fin, ha señalado que, para facilitar la capacitación digital, se ha reservado para el próximo año una partida de más de 5,1 millones de euros, un 108 por ciento más que este año, y que se han organizado jornadas y cursos con expertos con el mismo fin.
Espina ha comparecido hoy ante la Comisión de Hacienda de la Junta General del Principado para exponer las cuentas previstas en su departamento para el año 2023, un presupuesto que asciende a 823,8 millones de euros (42,9 millones más), un 5,5 por ciento por encima del actualmente en vigor, a pesar de que hay un menor número de alumnos matriculados por la bajada de la natalidad.
No obstante, ha señalado que el incremento de su presupuesto sería mayor si se hubiera mantenido en este departamento los 16,7 millones destinados a digitalización, que el próximo año se han cargado directamente a la Consejería de Presidencia.
El 75 por ciento del presupuesto de Educación, más de 623 millones, se destinarán a gasto de personal, un 5,13 por ciento más (30 millones), en buena parte por el dinero destinado a consolidar el plan de evaluación docente al que, con unos 7.000 profesores que se han incorporado al segundo tramo, se reservan 36 millones, un 16,5 por ciento más que este año.
Estabilización de la plantilla con 1.562 plazas
Espina, que ha recordado que este año será el último en el que se mantenga el refuerzo de profesorado derivado de la pandemia, porque no hay fondos extra para mantenerlo, ha afirmado que el proceso de estabilización de plantilla continuará en 2023 y 2024 y que afectará a 1.562 plazas.
Además, ha destacado la apuesta por la gratuidad en el ciclo de 0 a 3 años ya que a partir del próximo curso se eximirá del pago a todas aquellas familias con rentas inferiores a los 42.000 euros anuales, medida que prevé beneficie en torno a un 75 por ciento de los usuarios, y se darán ayudas de 1.500 euros a aquellas que residan en concejos sin escuelas infantiles o que estén en lista de espera.
“La máxima prioridad es que ningún niño se quede sin plaza”, ha afirmado la consejera antes de recordar que se van a crear en dos años 1.400 plazas con 13 millones de euros de fondos europeos, 318 de ellas en los próximos meses en diez municipios, y que el crédito destinado a sostener la red de centros que hay en 48 concejos se incrementará casi un 20 por ciento, hasta superar los 21,3 millones.
Otra de las novedades se encuentra en las ayudas para los libros de texto, que experimentan una subida significativa para llegar al mayor número de familias posible.
La enseñanza pública, donde se mantiene la gestión mediante bancos de préstamo, recibirá una dotación adicional de 873.000 euros, hasta 2,6 millones mientras que la privada-concertada, con sus ayudas directas, alcanzará 558.000 euros, casi un 50% más. EFE
