Oviedo (EFE).- Los representantes de las empresas de la UTE Dique Torres, adjudicataria de las obras de ampliación de El Musel, han asegurado este lunes en la Audiencia Nacional que el principal problema que provocó el retraso en el inicio de la ejecución y su posterior sobrecoste fue la falta de suministro de materiales pétreos al no poder explotar las canteras de obra más próximas como la de Aboño.
La Audiencia Nacional ha reanudado hoy el juicio por el denominado “caso Musel” por las presuntas irregularidades en las obras del puerto gijonés por las que están acusadas una veintena de personas, entre ellas, cuatro exaltos cargos de Puertos del Estado y otros diecisiete responsables de las empresas.
Los magistrados han señalado para hoy y mañana, martes, las declaraciones de once responsables de las empresas de las distintas subcontratas que llevaron a cabo los trabajos, que están acusados como presuntos cooperadores necesarios en un delito de fraude por el que la Fiscalía Anticorrupción solicita una pena individual de dos años de prisión y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
En la sesión de hoy, Vicente M., del comité de Gerencia en representación de la empresa Sociedad Anónima de Trabajos y Obras (SATO) en la UTE Dique Torres, ha señalado que el retraso en la obra se debió a que Hidroeléctrica del Cantábrico (HC) les “estuvo mareando durante mucho tiempo” al no facilitarles la explotación de la cantera de Aboño, que habitualmente se utilizaba como fuente de suministro del material.
Según su declaración, HC “daba largas porque tenía otros intereses”, ya que primaba que iba a acometer una planta desulfuradora, un hecho que la UTE desconocía, y “ponía pegas” para utilizar la cantera de Aboño, lo que les obligaba a recurrir a canteras comerciales que se encontraban más alejadas y a otro tipo de materiales que eran más costosos.
Mayor coste por el transporte desde otras canteras
El acusado Juan E.P.M., que en aquel momento era adjunto al presidente de Dragados, ha explicado que la falta de suministros y el mayor coste del transporte desde canteras comerciales ubicadas en Oviedo o León, entre otras, era el principal problema a solucionar, por lo que se convocaron reuniones en 2005 y 2006 para comentar el estado de la obra y las dificultades y ha insistido en que “lo prioritario era solucionarlo”.
Octavio R., directivo de Dragados, ha afirmado que en esas reuniones no se habló de precios nuevos, ya que en ese momento la Autoridad Portuaria decía que “había que realizar la obra y cumplir los plazos” y ha indicado que la obra “era inviable si no se resolvía la falta de suministros”.
Ha añadido que no se planteó nunca abandonar la obra porque tenía la esperanza de poder llegar a algún acuerdo con Hidroeléctrica.
Las obras en las que se centra este caso fueron adjudicadas por 580 millones en 2005, pero finalmente costaron unos 800 millones, y se financiaron en parte con fondos europeos pero en vista de las sospechas de irregularidades en su ejecución la Comisión Europea solicitó a España que devolviese la subvención de 247,5 millones concedida al proyecto.
En el juicio, que comenzó el pasado 16 de enero y se prolongará hasta junio, ya declararon el exsecretario general de Transportes Fernando Palao; el expresidente de Puertos del Estado Mariano Navas; el expresidente del puerto gijonés Fernando Menéndez Rexach, y el exdirector del puerto de El Musel José Luis Díaz Rato, quienes afrontan una petición de pena de la Fiscalía de tres años de cárcel. EFE
