Oviedo (EFE).- El Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy al proyecto de ley de Reto Demográfico que recoge muchas de las propuestas del dictamen elaborado sobre este asuntos por los grupos parlamentarios con un amplio consenso, pero que no podrá ser aprobado por la Cámara ni entrar en vigor hasta que sea remitido a la Junta General y aprobado ya en la próxima legislatura.
El proyecto, según el Ejecutivo, tiene por finalidad dotar de un marco jurídico adecuado y estable a las actuaciones dirigidas a reducir y revertir con un enfoque transversal y orientado a medio y largo plazo el impacto de la pérdida de población en una comunidad que se sitúa ya al borde de bajar del millón de habitantes y con la mayor tasa de envejecimiento del país.
El texto, de 81 artículos, introduce la perspectiva demográfica en todas las políticas públicas y plantea una zonificación que clasificará los concejos en cuatro categorías (demográficamente dinámicos, inestables, en crisis demográfica y en riesgo de despoblamiento) y especifica la necesidad de establecer beneficios fiscales para los contribuyentes que residan en municipios con especiales dificultades demográficas, así como a determinados grupos sociales o colectivos.
Según Cofiño, así se cumple un compromiso “establecido en estos términos” de cerrar la legislatura con un proyecto de ley elaborado aunque no dé tiempo a su aprobación en la Cámara. “No es un esfuerzo baldío, es más que un gesto. El grueso del trabajo ya está hecho para ser trasladado al parlamento en la próxima legislatura salvo que el próximo gobierno decida otra cosa”, ha subrayado.
Perspectiva demográfica “en todas las políticas públicas”
Se trata, a su juicio, de un camino “que no tendrá marcha atrás” dado que introduce la perspectiva demográfica en todas las políticas públicas para afrontar un problema común a todas las sociedades occidentales “que no tiene atajos ni soluciones mágicas ni inmediatas” y que no es adecuado “para el cortoplacismo político” dado que no existen “recetas seguras” en ese ámbito.
La futura ley constituye, según el vicepresidente, “un instrumento versátil” que permitirá a futuros gobiernos un “cómodo” desarrollo de actuación en ese campo gracias a una normativa centrada más en marcar las líneas generales de actuación desde la administración autonómica que en ser una regulación pormenorizada de las actividades a desarrollar.
Así, el texto contempla la elaboración de una estrategia de intervención frente al reto demográfico que determinará los objetivos generales y específicos a desarrollar, y que los proyectos de ley, decretos y planes estratégicos vayan acompañados de un informe sobre su impacto en ese ámbito.
Además, prevé la constitución de una comisión gubernamental como órgano de asesoramiento, apoyo y coordinación, que estará integrada por un vocal de cada consejería, y de un observatorio y consejo social, concebido como un foro de participación, con representación de los agentes sociales, el movimiento asociativo y la Universidad de Oviedo.
El articulado incorpora también el apoyo e integración de la población inmigrante mediante medidas que favorezcan su arraigo en la comunidad y articula una estrategia integral de apoyo a emigrantes que proyecten regresar.
En cuanto al fomento de la igualdad, se plantea otorgar prioridad a las mujeres en los requisitos de acceso a ayudas y subvenciones en concejos con especiales dificultades demográficas, impulsar la creación de casas amigas y bebetecas en ámbitos rurales y priorizar a las familias monoparentales en subvenciones, prestaciones y servicios. EFE
