Oviedo (EFE).- La nueva Ley de Empleo Público del Principado, una normativa que actualiza la vigente desde hace casi cuatro décadas con el fin de agilizar y modernizar los servicios que presta a los ciudadanos y ganar en eficacia, ha visto hoy la luz entre críticas de la derecha, pero también con la oposición de todos los sindicatos de la función pública, salvo UGT.
Entre las principales novedades que incorpora, se plantea que las retribuciones de los funcionarios estén más asociadas a su rendimiento, elimina categorías laborales desfasadas, como la de auxiliares administrativos y crea otras nuevas vinculadas a las nuevas tecnologías o la protección del medio ambiente, e introduce la figura del subdirector por nombramiento de libre designación.
Esta norma regula además los mecanismos de flexibilidad y movilidad, el diseño de cuerpos y escalas, la provisión de puestos de trabajo, el teletrabajo, los deberes y derechos de los empleados públicos, el régimen de sanciones, las ofertas de empleo o la carrera profesional.
Esta ley, que el presidente Adrián Barbón había fijado como uno de los principales objetivos de gobierno para esta legislatura, ha quedado aprobada en el penúltimo pleno que se va a celebrar en el parlamento asturiano antes de las elecciones del 28 de mayo con el apoyo de los diputados socialistas, IU y Ciudadanos.
Partido Popular,Podemos y el diputado del Grupo Mixto se han abstenido en una votación en la que Vox lo ha hecho encontra, al igual que uno de los dos diputados de grupo parlamentario de Foro, dado que el otro se ha abstenido.
Dejar atrás una ley de 1985
El vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Juan Cofiño, ha sido el principal valedor de un cambio normativo que deja atrás la ley de Función Pública de 1985 y que establece como pieza clave un régimen de retribuciones más vinculado a los objetivos y al rendimiento.
“Es una ley muy necesaria, imprescindible para perfilar una administración con verdadera vocación de servicio público, y es un instrumento eficaz y eficiente al servicio de los asturianos, al margen de quien esté al frente de las tareas de gobierno”, ha señalado.
Cofiño, que ha tenido un reconocimiento explícito a Ciudadanos por el apoyo brindado para aprobar hoy esta ley y la de Calidad Ambiental, ha incidido en que “ambas forman parte esencialísima de una reforma de la administración pública que aún debe de completarse con más iniciativas legislativas”.
Tras recordar que esta reforma contó inicialmente con el apoyo mayoritario de empleados públicos y sindicatos, el vicepresidente ha advertido a los que ahora muestran disconformidad que “el interés general y la potestad legislativa radica en el parlamento y no en otros foros”.
Cofiño se refería así a que los sindicatos CSIF, CCOO, USIPA, USO y CSI hayan pedido que se paralice la aprobación de un texto que consideran que aporta “confusión y politiza” la administración.
Postura de la oposición
Precisamente, Podemos había reservado para este pleno una enmienda para tratar de reducir la politización denunciada por los sindicatos y que, según Ricardo Menéndez Salmón, se refleja en que seis de los ocho grupos parlamentarios apoyasen crear la figura del subdirector y compensar así la reducción de puestos de libre designación.
Desde Foro, Adrián Pumares, ha incidido en que por el camino se ha roto el consenso inicial con unos sindicatos ahora críticos con un dictamen que “no permite hacer frente a la modernización ni abordar los grandes retos futuros”.
Para acabar con la burocracIa “hay que ser más valientes e ir un paso o dos más allá de lo que va esta ley”, ha señalado el diputado popular Pablo Álvarez-Pire, para quien la nueva normativa hace recaer la solución a este problema solo en los trabajadores sin tener en cuenta que los gobiernos socialistas son los que han creado una “maraña reglamentaria que lleva a trámites en muchos casos infinitos”.
La portavoz de Vox, Sara Álvarez, ha tildado la reforma de decepcionante porque “no hay innovación real”, se limita a introducir mínimas mejoras” y favorece que “los nombramientos por vía política vayan a reinar” y conformar una administración esté “absolutamente politizada”.
Para el diputado del Grupo Mixto, Armando Fernández Bartolomé, el texto estaba precocinado de antemano y se ha obtenido “resultado mediocre” en un asunto que requería de un gran pacto político.
IU ha dado “un sí sin mucho entusiasmo, pero en definitiva un sí”, a una ley que, según Ovidio Zapico, ha incorporado muchas de las demandas que planteó la coalición y que han mejorado el texto legal para conseguir una administración que cuente con los mejores profesionales.
Desde Ciudadanos, Luis Carlos Fanjul, ha asegurado que en la ponencia se introdujeron mejoras para evitar la discrecionalidad, también en todo lo que rodea a la figura de los subdirectores, y que finalmente se ha conseguido un texto que “mejora mucho la función pública”. EFE
